Al menos 15 bancos de materiales que operan en distintos puntos de Yucatán se encuentran bajo la lupa de las autoridades ambientales por hacerlo fuera de la normatividad vigente.
La cifra fue confirmada por Guillermo Porras Quevedo, titular de la representación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el estado, quien advirtió que se trata de un problema persistente, ligado principalmente al uso irregular del suelo y a permisos incompletos o vencidos.
Más allá del número, el tema revela una práctica extendida: sitios que cuentan con algún tipo de autorización, pero no con el cambio de uso de suelo que exige la ley. Esa omisión, explicó el funcionario, es suficiente para colocar a los bancos de materiales en un escenario de ilegalidad, aun cuando argumenten tener permisos parciales.
“Pueden tener algún documento, pero si no existe el cambio de uso de suelo, ahí es donde se rompe la legalidad”, señaló Porras Quevedo, al detallar que estos casos ya son atendidos mediante procesos administrativos encabezados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en coordinación con el gobierno estatal.
Riesgos y exigencias
La problemática no es uniforme. Las exigencias regulatorias varían según el tipo de explotación, la densidad del material extraído y la profundidad de los trabajos. No es lo mismo un banco superficial que uno que busca alcanzar el manto freático, una condición que implica mayores riesgos ambientales y, por lo tanto, una supervisión más estricta por parte de Semarnat.
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En este último caso, precisó el funcionario, la autorización es directa y requiere estudios específicos, debido a los posibles impactos sobre el suelo y los recursos hídricos. Sin embargo, varias de las inspecciones realizadas han detectado que algunos bancos operan sin presentar la documentación que acredite que cumplen con estas obligaciones.
El daño al suelo, añadió, es una constante en las revisiones de campo. La falta de papeles, sumada a prácticas extractivas no autorizadas, ha derivado en procedimientos que podrían escalar a sanciones económicas, clausuras y acciones de remediación ambiental.
Quienes hayan sido sorprendidos trabajando al margen de la ley deberán enfrentar procesos ante Profepa y, en su caso, hacerse responsables del resarcimiento de los daños ocasionados. Además, estarán obligados a iniciar trámites de regularización ante las instancias correspondientes, como la Secretaría de Desarrollo Sustentable, dependiendo del tipo de afectación detectada.
Evaluaciones individuales
Porras Quevedo fue enfático al señalar que la regularización no es automática ni está garantizada. Cada caso debe evaluarse de manera individual para determinar si, desde el punto de vista ambiental, es viable otorgar un permiso. De no ser así, los bancos deberán permanecer cerrados y cumplir con las medidas de compensación que se les impongan.
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Actualmente, explicó, algunos responsables ya se han acercado de manera voluntaria a Profepa para iniciar su proceso de regularización, aprovechando un contexto de mayor apertura institucional. Durante el año, las autoridades han intensificado las salidas de inspección y el seguimiento a estos expedientes, lo que ha generado un movimiento incipiente hacia soluciones administrativas.
Los bancos irregulares se localizan en diversas zonas del estado. Umán es uno de los municipios donde se han identificado casos con impacto directo en áreas urbanas, incluso con reportes del uso de explosivos, situación que mantiene una vigilancia específica por parte de la autoridad ambiental.
