La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ejecutó dos nuevas clausuras en Yucatán por delitos ambientales que devastaron más de 8.58 hectáreas de ecosistemas naturales. El primer caso ocurrió en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún, donde se arrasaron 3.5 hectáreas de manglar y humedales; el segundo, en el norte de Mérida, donde un desarrollo inmobiliario eliminó 5.08 hectáreas de selva baja caducifolia.
Ambos sitios fueron clausurados de manera total y temporal, medida de seguridad que implica el cese inmediato de toda actividad y la apertura de procedimientos administrativos para determinar las sanciones legales.
Las acciones forman parte de una serie de operativos que la Profepa realiza este año en el estado, donde la presión inmobiliaria, turística y agropecuaria amenaza los ecosistemas más frágiles de la península.
Ría Celestún: manglares mutilados
El primer operativo ocurrió los días 1 y 2 de octubre en el municipio de Celestún, dentro del Área Natural Protegida Reserva de la Biosfera Ría Celestún, una de las zonas más importantes para la conservación del manglar y hábitat de especies como el flamenco rosado y el mangle blanco (Laguncularia racemosa). Inspectores federales constataron cambios de uso de suelo ilegales, remoción de vegetación y relleno de humedales costeros, todo ello sin autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
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En el predio 1 se dañaron 0.84 hectáreas de vegetación de duna costera y mangle blanco. En el predio 2, las afectaciones alcanzaron 1.78 hectáreas de manglar parcialmente removido, además de 0.65 hectáreas adicionales alteradas por la apertura de brechas. En el predio 3, se registró la remoción total de 0.92 hectáreas de vegetación y el relleno de 0.14 hectáreas de humedal costero con arena.
En total, las afectaciones suman 3.5 hectáreas dentro de la zona núcleo de la reserva. La Profepa impuso sellos de clausura y suspendió cualquier actividad que continúe dañando el ecosistema.
El manglar, recuerdan las autoridades, es un ecosistema clave para la regulación climática y la protección costera, además de servir como barrera natural ante huracanes y fuente de vida para las comunidades pesqueras.
Mérida: selva arrasada en Xcunyá
La segunda clausura se realizó el 8 de octubre en Xcunya, municipio de Mérida, donde la Profepa detectó la remoción total de 5.08 hectáreas de vegetación natural en un predio del proyecto inmobiliario “Savia Residencial”.
Durante la inspección, los agentes ambientales encontraron maquinaria pesada abriendo calles y vialidades dentro de un ecosistema de selva baja caducifolia, sin los permisos de cambio de uso de suelo ni las autorizaciones de impacto ambiental.
La dependencia ordenó la clausura total temporal del sitio y la suspensión inmediata de las obras, en tanto se determina la responsabilidad de los desarrolladores.
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La selva afectada forma parte de los relictos forestales que aún sobreviven en la periferia norte de Mérida, donde la expansión urbana y los megaproyectos residenciales se han convertido en una amenaza constante para la biodiversidad.
Un año de operativos
De acuerdo con datos de la representación estatal de la Profepa, en lo que va de 2025 se han iniciado casi 200 procedimientos administrativos en Yucatán por infracciones ambientales, cifra que podría igualar los 370 expedientes abiertos en 2024.
Los procesos incluyen denuncias por cambio de uso de suelo, contaminación del agua o del suelo, tala ilegal, tráfico de especies y violaciones a licencias ambientales.
José González Medina, encargado del despacho de Protección Ambiental y Gestión Territorial de la Profepa en el estado, explicó que los procedimientos consisten en inspecciones, notificación de irregularidades, presentación de pruebas por parte del infractor y, en caso de confirmarse la falta, la imposición de sanciones o la reparación del daño ambiental.
En la región peninsular, la Profepa ha clausurado este año más de 2 mil 600 hectáreas de selvas afectadas entre Yucatán, Campeche y Quintana Roo. En el caso específico de Yucatán, un operativo reciente en Tekax documentó la eliminación de 147 hectáreas de vegetación nativa.
Ecosistemas al límite
Los casos de Celestún y Mérida son apenas una muestra del deterioro ambiental que vive el estado. Manglares, humedales, selvas bajas y cenotes –ecosistemas vitales para la vida y el equilibrio climático– enfrentan una presión creciente por desarrollos inmobiliarios y turísticos que avanzan sobre el territorio sin permisos ni estudios de impacto ambiental.
Detrás de cada hectárea devastada hay también un impacto humano: pescadores que pierden zonas de crianza, comunidades que enfrentan inundaciones por pérdida de manglares, o vecinos que ven desaparecer la selva que servía como barrera natural contra el calor y la contaminación.
La Profepa ha reiterado su compromiso de atender todas las denuncias y mantener vigilancia constante en la entidad. Sin embargo, ambientalistas y habitantes advierten que las clausuras, aunque necesarias, llegan tarde: los daños ecológicos, una vez causados, tardan años –o nunca– en revertirse.
