En Yucatán, la tierra no guarda secretos. Todo lo que se arroja sobre ella -residuos, aguas negras, químicos- se filtra sin resistencia hacia el acuífero que abastece a pueblos enteros. Por eso, durante años, el crecimiento acelerado de las granjas porcícolas no sólo transformó el paisaje rural, sino que sembró una preocupación silenciosa que hoy estalla en tribunales, protestas comunitarias y ahora, también, en los escritorios del Gobierno federal.
Hoy, ese choque entre tradición y modernidad ha llegado a un punto de inflexión con la firma de un convenio de coordinación entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán (SDS). La intención: poner bajo lupa un sector que ha crecido con rapidez -y con pocos frenos- y que hoy está en el centro de una de las mayores crisis socioambientales en el Sureste de México.
Durante años, las granjas crecieron amparadas en permisos estatales o federales que no dialogaban entre sí. Algunas contaban con autorizaciones parciales; otras, simplemente operaban sin ellas. Ese desorden institucional, hoy admitido por las propias autoridades, derivó en lo que llaman zonas grises, pero que para las comunidades afectadas se tradujo en agua contaminada, olores permanentes y una sensación de abandono.
La trama: por qué Yucatán y por qué ahora
En la última década, Yucatán se consolidó como el tercer polo de producción porcícola del país, con centenares de instalaciones que alojan miles de cerdos cada una. Estas operaciones, muchas mega-granjas con decenas de miles de animales, no solo han transformado el paisaje rural; también han despertado denuncias por afectaciones al agua, al suelo y a la salud de las comunidades mayas.
Estudios oficiales y reportes de organizaciones civiles coinciden en que más del 90% de estas instalaciones ha operado sin contar con las autorizaciones ambientales necesarias, poniendo en riesgo la red hídrica subterránea que alimenta cenotes y pozos. Un solo sitio puede generar hasta 1.5 millones de litros de aguas residuales al día, con residuos sólidos, nitrógeno, fósforo y contaminantes químicos que se infiltran en el acuífero común.
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No es un dato menor: en Yucatán el agua no corre en la superficie, sino bajo tierra, y lo que se vierte aquí no desaparece, se filtra y emerge en las fuentes que bebemos y compartimos.
Pueblos mayas, malos olores y agua que no vuelve
Más allá de cifras y expedientes técnicos, están las voces de quienes viven día a día los efectos de esa industria. En comunidades como Santa María Chi y Halachó, las familias relatan pozos contaminados, vegetación que dejó de florecer y un olor persistente que impregna la ropa, la piel y la memoria. Niños con infecciones respiratorias y adultos que ya no pueden utilizar sus huertos son parte de un paisaje narrado con dolor y rabia por las propias comunidades.
Los estudios científicos son igualmente alarmantes: análisis de instituciones académicas han detectado bacterias fecales como E. coli en pozos de agua potable, indicando que los desechos porcícolas han migrado por capas subterráneas hasta mezclarse con recursos destinados al consumo humano.
Regulación, vacío y ahora coordinación
Hasta ahora, la fiscalización de este sector había estado marcada por una fragmentación normativa: unas granjas tenían permisos estatales, otras federales, y muchas operaban sin ninguno. Las autoridades reconocen que esta falta de coordinación provocó zonas grises que permitieron la expansión de operaciones sin supervisión clara.
El convenio recién firmado establece mecanismos de coordinación permanente para homologar evaluaciones de impacto ambiental, intercambiar información técnica y cartográfica, realizar inspecciones conjuntas y reforzar la capacitación de los inspectores. Se instalará un Comité Técnico de Seguimiento con sesiones trimestrales para evaluar avances hasta 2030.
Sanciones e insuficiencias
En el último año, la Profepa ha impuesto sanciones por decenas de millones de pesos a diversas empresas por incumplimientos, como descargas ilegales de aguas residuales y falta de permisos ambientales. A la fecha, también se han reportado clausuras -temporales y algunas definitivas- de granjas que no han implementado las medidas correctivas ordenadas por la autoridad.
Pero para defensores del medio ambiente y para las comunidades afectadas, estas acciones no bastan. “Las multas son gotas frente a un mar de daño acumulado”, señala un activista ambiental que ha seguido de cerca la lucha en los tribunales y en las calles rurales. Las denuncias, litigios y amparos promovidos por organizaciones y pueblos mayas son múltiples y todavía enfrentan desafíos legales y políticos para cambiar de raíz la situación.
El endurecimiento del discurso oficial no surgió de la nada. Llegó después de años de denuncias comunitarias, investigaciones académicas, reportajes periodísticos y litigios impulsados por organizaciones civiles. Greenpeace y colectivos locales promovieron amparos por la presunta violación al derecho a un medio ambiente sano y por la falta de consulta previa a comunidades indígenas, un derecho reconocido constitucionalmente pero sistemáticamente ignorado.
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Los tribunales comenzaron a poner freno donde la autoridad administrativa no lo hizo. Algunas granjas fueron clausuradas, otras sancionadas, y el tema escaló hasta volverse imposible de ignorar. Entre octubre de 2024 y junio de 2025, la Profepa impuso multas millonarias a empresas porcícolas por incumplimientos ambientales. Sin embargo, para los afectados, las sanciones llegaron tarde y resultaron insuficientes frente al daño acumulado.
El acuerdo: orden donde antes hubo omisión
El convenio firmado ahora establece una coordinación inédita entre federación y estado para homologar la evaluación de impacto ambiental, compartir información técnica, realizar inspecciones conjuntas y cerrar la puerta a interpretaciones discrecionales. La Secretaría de Desarrollo Sustentable podrá solicitar dictámenes técnicos vinculantes a la Semarnat, lo que elimina la posibilidad de autorizaciones a modo.
Además, se creará un Comité Técnico de Seguimiento que sesionará de manera periódica hasta 2030. En el papel, el esquema promete rigor y continuidad. En la práctica, el reto será demostrar que esta vez sí habrá consecuencias reales para quienes incumplan.
La propia Profepa reconoció que durante años la falta de coordinación permitió que empresas operaran fuera de la legalidad. Hoy, el discurso cambia: se habla de reglas claras, supervisión efectiva y protección del acuífero. Pero en el campo, la desconfianza persiste.