Integrantes de la planilla “Construyendo Diálogos” denunciaron públicamente una serie de anomalías y presuntos abusos de autoridad cometidos por la presidenta del Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, María de Lourdes Valdez Valdés, quien continúa en funciones a pesar de que su periodo legal concluyó el pasado 30 de junio, lo que, según los denunciantes, viola los estatutos internos de la organización.
En rueda de prensa, la psicóloga Karina Pérez Ramos, consejera técnica y coordinadora del área de Psicología Jurídica en el propio Colegio, acompañada por otras integrantes de su planilla, denunció que fueron excluidas arbitrariamente del proceso electoral, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos para contender. “Esto no es sólo un conflicto interno, es una violación a nuestros derechos como profesionales, como ciudadanas y como seres humanos que buscamos ejercer nuestra labor ética en un contexto democrático”, expresó.
Entre los señalamientos más graves contra la presidenta del Colegio, las denunciantes expusieron:
Expulsiones sin proceso legal de colegiados críticos a su gestión, entrega irregular de membresías gratuitas para garantizar votos a su favor, falta de transparencia en el manejo de recursos y prolongación ilegal de su mandato, uso de intimidación y hostigamiento, incluyendo llamadas a la policía durante el intento de inscripción de la planilla rival, y recopilación no autorizada de datos personales.
Pérez Ramos subrayó que las prácticas de exclusión han sido sistemáticas: “A quienes disienten, simplemente se les borra del padrón o se les exige el pago de membresías que antes se exentaban como reconocimiento al trabajo dentro del Consejo Directivo”, explicó.
De acuerdo con las denunciantes, el Comité de Ética del Colegio, que preside la psicóloga Rosana Canto ha ignorado todas estas irregularidades. “Nos ponen trabas por puntos y comas en los estatutos, pero permiten violaciones abiertas de la presidencia sin ningún tipo de pronunciamiento”, lamentaron.
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Además, acusaron un vacío legal que deja a los miembros de asociaciones civiles desprotegidos ante este tipo de abusos. “¿A dónde vamos cuando se violan nuestros derechos constitucionales dentro de una asociación civil? ¿Quién regula el uso de nuestras cuotas, nuestras elecciones, nuestras decisiones colectivas?”, cuestionaron, al hacer un llamado urgente al Gobierno del Estado y al Congreso local para legislar en la materia y garantizar el respeto a los derechos dentro de estas figuras jurídicas.
Las denunciantes exigieron que se convoque a una nueva asamblea y se restablezca el proceso electoral bajo condiciones justas, transparentes y apegadas a los estatutos internos. “Este no es sólo un conflicto entre colegas. Es una lucha por la ética, la legalidad y la dignidad de una profesión clave en la salud mental de Yucatán”, concluyó Karina Pérez Ramos. Hasta el momento, la presidenta del Colegio no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas acusaciones.
