Habitantes de Ciudad Caucel promovieron un amparo ante la justicia federal para exigir la regularización del servicio de agua potable y mejoras en la infraestructura hídrica en Mérida. Lo anterior, ante los problemas de baja presión y desabasto del vital líquido en esa zona habitacional del Poniente de la ciudad.
El recurso fue presentado inicialmente por ocho familias, aunque se prevé que más ciudadanos se sumen en los próximos días, informó el abogado Juan Pablo Delgado, quien impulsa la acción legal junto con la diputada Larissa Acosta Escalante.
Autoridades responsables
La demanda señala como responsables a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY), al Ayuntamiento de Mérida, al comité técnico de desarrollos inmobiliarios y a la Dirección de Desarrollo Urbano, por permitir el crecimiento habitacional sin garantizar la capacidad suficiente del suministro.
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“El problema de la baja presión responde a decisiones históricas, ya que no se realizó la inversión necesaria para asegurar un servicio eficiente”, afirmó Delgado, al subrayar que el crecimiento acelerado de la mancha urbana no ha sido acompañado por una planeación adecuada.
A finales de marzo pasado, Francisco Torres Rivas, titular de la JAPAY, advirtió que Ciudad Caucel y otras zonas habitacionales operan al límite de su capacidad, debido al crecimiento poblacional acelerado. Explicó que viviendas diseñadas para cinco personas actualmente albergan entre 15 y 20 habitantes, lo que incrementa de forma considerable la demanda de agua y energía eléctrica.
Señaló que esta sobrecarga satura la infraestructura hidráulica y eléctrica, provocando fallas que se agudizan en temporada de calor, cuando las altas temperaturas generan colapsos en los sistemas.
Sus demandas
Entre las medidas solicitadas, los promoventes exigen que las autoridades garanticen el acceso al agua sin que las familias tengan que asumir costos adicionales, como la instalación de bombas o cisternas, actualmente necesarias para mantener el servicio.
Por su parte, la diputada Acosta Escalante advirtió que el desabasto se ha normalizado entre la población, pese a que representa una violación a los derechos fundamentales.
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Señaló que el sistema hídrico no ha sido modernizado al ritmo del crecimiento de la ciudad; que cada año aumenta la población en la capital yucateca, mientras que la infraestructura permanece rezagada, lo que obliga a las familias a adaptarse por su cuenta a una problemática estructural.
Nuevos desarrollos agravan el problema
También cuestionó la autorización de nuevos desarrollos habitacionales sin estudios de factibilidad hídrica, situación que agrava el problema en zonas como Ciudad Caucel, Los Héroes y otros fraccionamientos en expansión.
El amparo plantea la necesidad de una inversión integral en infraestructura, al considerar insuficientes los argumentos oficiales que atribuyen el problema a adeudos de usuarios.
De acuerdo con los promoventes, este es el primer amparo colectivo en la materia en la zona; sin embargo, no se descarta la presentación de nuevos recursos conforme más ciudadanos se sumen a la exigencia.
Los inconformes dijeron que buscan que el Poder Judicial ordene medidas urgentes para garantizar el acceso al agua y obligue, a largo plazo, a realizar las obras necesarias para un servicio eficiente en la capital yucateca.
