En el corazón histórico de Mérida, donde cada fachada cuenta una historia, 22 obras fueron suspendidas durante 2025 por presuntas violaciones a la normativa federal que protege el patrimonio cultural.
El Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Yucatán confirmó que estas medidas no implican la clausura definitiva de los predios, sino la detención temporal de trabajos cuando se detectan intervenciones irregulares en inmuebles considerados monumentos históricos o ubicados dentro de la zona protegida.
La diferencia es clave: no se trata de cerrar propiedades, sino de frenar modificaciones que podrían alterar, dañar o incluso destruir elementos arquitectónicos con valor histórico.
Sustento legal
El sustento legal de estas acciones se encuentra en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, que establece la obligación de contar con autorización previa para cualquier obra de restauración, conservación o modificación en este tipo de inmuebles.
En ese sentido, el artículo 12 de dicha legislación establece que las obras de restauración, conservación o modificación en bienes inmuebles considerados monumentos, que se realicen sin la autorización correspondiente o en incumplimiento de los permisos otorgados, deberán ser suspendidas por disposición del Instituto competente.
Cuando esta disposición no se cumple –o se incumplen los permisos otorgados–, el INAH está facultado para ordenar la suspensión inmediata de los trabajos.
El procedimiento es visible en sitio: sellos oficiales colocados en los inmuebles, que impiden la continuidad de las obras hasta que los propietarios regularicen su situación.
Romper estos sellos no es un asunto menor. Constituye una falta administrativa que puede derivar en sanciones económicas, además de la obligación de demoler o restaurar, a costa del infractor, cualquier intervención realizada sin autorización.
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Salvaguarda arquitectónica
El Centro Histórico de Mérida, reconocido por su traza colonial y su arquitectura del siglo XIX, forma parte de una zona de monumentos históricos que exige vigilancia constante. En este contexto, la normativa federal también obliga a propietarios de predios colindantes a solicitar permiso antes de realizar excavaciones, cimentaciones, demoliciones o nuevas construcciones.
La razón es clara: incluso obras aparentemente ajenas pueden afectar la estabilidad o integridad de edificios protegidos.
Esta obligación aplica tanto a particulares como a dependencias públicas de los tres niveles de gobierno, lo que refuerza el carácter colectivo de la responsabilidad sobre el patrimonio.
En situaciones de carácter urgente, la autoridad municipal puede intervenir como auxiliar del Instituto y ordenar la suspensión provisional de las obras, siendo responsables solidarios el propietario, el responsable técnico de la obra y quien la ejecute.
Las 22 obras deteidas permanecen actualmente en proceso de revisión. Será responsabilidad de los propietarios acreditar que cumplen con los requisitos técnicos y legales para poder reanudar los trabajos.
Mientras tanto, el Centro INAH Yucatán mantiene el control sobre las autorizaciones en la zona, en un esfuerzo por equilibrar el desarrollo urbano con la conservación histórica.
