En el fraccionamiento Bicentenario
Con la reanudación escalonada de labores en la construcción, suspendida por la contingencia sanitaria por el COVID-19, se reactivó también un problema añejo con unos terrenos ubicados en el fraccionamiento Bicentenario de Mérida.
El apoderado legal de la persona moral “Integradora y Desarrolladora de Vivienda, S.A. de C.V.”, Iván Toribio Medina Contreras, presentó una demanda ante la Fiscalía General del Estado solicitando medidas de protección ante una serie de amenazas e intimidaciones hacia la planta laboral.
La denuncia o querella fue presentada por medio de memorial en contra de A. G. L., (a) “El Patrón” y contra quienes resulten responsables por la comisión de hechos posiblemente delictuosos.
Expone que el objeto principal de su representada es la construcción y cuenta con diversos bienes inmuebles que fueron adquiridos a título de compraventa del Instituto de Vivienda de Yucatán (IVEY), a los cuales se acude de manera frecuente a efecto de revisar las condiciones de conservación de los mismos y trabajos de construcción de viviendas.
Antes de que las autoridades acordaran suspensión de actividades no esenciales, a principios del mes de marzo, personal de la empresa acudió a un área que se ubica en los predios en cuestión a realizar diversas labores, tales como lo son el trazado de calles, medición de las mismas con equipo topográfico y de medición, limpieza, etc.
En ese momento un grupo de gente extraña los cuestionó sobre su presencia en esas tierras a lo que respondieron que hacían trabajos para la empresa propietaria de los mismos.
Entonces el grupo le ordenó que era mejor que se retiraran, ya que por órdenes del señor A. G. no podían estar en esos terrenos y, ante la amenaza, en forma prudente se retiraron. A mediados del mismo mes y año retornaron para continuar con sus encomiendas y de nueva cuenta se les acercó un grupo armado con palos y machetes quienes los amenazaron para que se retiren.
Ante las amenazas de muerte hacia el personal de la empresa se procedió a presentar una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar medidas de protección, como lo son la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido y a las personas que laboran para la citada empresa.
Además de limitación para asistir o acercarse al domicilio de la misma, de realizar conductas de intimidación o molestia, vigilancia y protección policial así como el auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales.
Para evitar conflictos y enfrentamientos que pudieran derivar en hechos graves, la autoridad investigadora otorgó al querellante las medidas de protección correspondiente y ayer se acudió de nuevo a los terrenos para realizar labores, con el apoyo de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública.
(Armando Gamboa Romero)