El Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX) anunció que cuenta con 4,000 firmas de las comunidades indígenas de Chiapas, en respaldo al juicio de amparo (expediente 12/2020 en el Juzgado Primero de Distrito de Campeche) que se interpuso en contra del Tren Maya.
Por lo cual ofrecerán una conferencia de prensa este lunes 16 de marzo a las 11:00 horas en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en donde recibirán las firmas.
En la invitación señala que las autoridades ejidales, comunitarias, pobladores en general de origen tzotsil, tzeltal, tojolabal y cho’ol, y la Comisión de Derechos Humanos de la Diócesis de San Cristóbal, respaldan en todas sus partes el juicio de amparo interpuesto por los hermanos indígenas tzotsiles, tzeltales, cho’oles y mayas peninsulares.
El amparo se interpuso en contra del Presidente de la República, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, la Secretaría de Gobernación y el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Sostiene que el llamado Proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el “Proyecto de Desarrollo del Tren Maya”, se violentó y se violenta su derecho a la libre determinación, como expresión de la autonomía, reconocida en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
También asegura que se atenta contra el artículo 1º de la Carta Magna, pues violenta sus derechos humanos y sus garantías, como es el contar con información cabal, previa, plena y cierta sobre dicho proyecto.
Además de violar el derecho a expresar libremente su consentimiento, “porque con engaños se les ha hecho creer y se nos ha hecho creer que con ese proyecto se resolverán problemáticas ancestrales y además, se les prometió que se les proporcionarían servicios públicos, sobre los cuales tenemos y tienen derecho independientemente de que se realice o no dicho proyecto”.
Exigen “respeto al ejercicio de nuestra libre determinación como personas y pueblos indígenas”, porque se les quiere imponer la construcción de la llamada supercarretera San Cristóbal-Palenque, “pasando por encima de sus derechos fundamentales,: integridad de nuestras tierras y territorios, a no ser desplazados en nuestras formas de organización y producción, y de nuestras comunidades, y a participar y decidir con información previa, cabal, plena y certera”.
Demanda que se respete el Estado de Derecho y concretamente, “los estándares internacionales en materia de derecho a la consulta para los pueblos indígenas”, y que tampoco “se atente contra la integridad física, moral y psicológica de los que interpusieron el amparo y que se respete a las bases sociales y comunidades que los respaldan”.
(Wilbert Casanova Villamonte)