El conflicto limítrofe entre Campeche, Yucatán y Quintana Roo deberá resolverse mediante la sentencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a través de un convenio amistoso entre las entidades en pugna, afirmó el exconsejero jurídico Juan Pedro Alcudia Vázquez, al aseverar que durante su desempeño en la Consejería se entregaron todos los alegatos y pruebas que sustentan la argumentación jurídica e histórica de que la superficie en disputa corresponde a Campeche.
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Negó que la administración estatal hubiese sido negligente al no aportar las pruebas correspondientes, ya que durante el periodo en que estuvo al frente de la Consejería Jurídica se cumplieron todos los lineamientos y se brindó atención puntual al litigio.
Recordó que el litigio comenzó en 2019, por lo que la anterior administración estatal fue la que inició la participación de Campeche como tercero interesado ante la disputa entre Yucatán y Quintana Roo.
Reiteró que hasta el momento no hay una resolución; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya cuenta con todos los elementos necesarios para dictar sentencia, con base en las pruebas y alegatos presentados por las tres entidades.
Indicó que en los años 2022 y 2023 acudió a Hopelchén y Calakmul con peritos en grafoscopía, quienes utilizaron drones, aplicaron técnicas de medición y elaboraron una argumentación robusta que dejó claro que el supuesto punto “PUT” no existe.
Agregó que Campeche, como entidad federativa, no fue modificada en ninguno de los decretos presidenciales emitidos, y siempre se ha reconocido el territorio que originalmente dio origen al estado. Por ello, afirmó que aún no existe una resolución de fondo que determine a quién asiste la razón, y que tampoco hay riesgo de perder los 5 mil kilómetros cuadrados ubicados en Calakmul.
Rememoró que, durante la reunión peninsular de gobernadores —en la que también participaron las tres consejerías jurídicas—, se expuso la posibilidad de llegar a un convenio amistoso, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de aprobarse dicho convenio, el Congreso de la Unión tendría que validarlo, y la controversia constitucional quedaría sin efecto.
No obstante, apuntó que si no se llegara a un acuerdo, el litigio continuará, garantizado por todos los antecedentes jurídicos e históricos que avalan la creación del estado de Campeche.
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Resaltó que, después de 30 años de disputa territorial, ahora se brinda atención a las comunidades ubicadas en la franja fronteriza, como Arroyo Negro, Civalito, Santa Rosa, entre otras de Calakmul y Hopelchén, las cuales, independientemente del litigio, deben recibir los servicios y programas sociales necesarios para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Subrayó que existe confianza en que la estrategia legal dará la razón a Campeche, y que debe mantenerse el diálogo, ya que el tema de la disputa territorial aún no se ha resuelto de fondo. De lograrse una sentencia, sería la primera vez que la Suprema Corte resuelva de raíz este conflicto.
Insistió en que los decretos presidenciales que modificaron a Yucatán con la creación del territorio de Quintana Roo, así como los que dieron origen al estado de Campeche, datan de 1857, 1859 y 1861. Por ello, la evolución histórica y jurídica de la entidad es clara, y le asiste la razón.
JGH
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