El Gobierno del Estado está en la etapa procedimental de respuesta a los cinco amparos en contra de la Ley de Expropiación, así como a las dos acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de la citada legislación, tanto en el Juzgado de Distrito como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que las modificaciones aprobadas son constitucionales, aseguró el consejero jurídico, Adrián Serrano Barrientos.
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En el caso de los amparos, aclaró que se elaboran los informes justificados, así como en las acciones de inconstitucionalidad que presentaron los diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN), así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Expresó que elaboran los argumentos correspondientes, ya que el Gobierno del Estado sostiene que es constitucional la reforma a la Ley de Expropiación, y el cuestionamiento a la modificación legislativa es que solo son cinco días para exponer la manifestación del particular, cuando en la anterior ley no existía la posibilidad de que el ciudadano tuviera derecho de audiencia.
Insistió que dicha ley no incluía que presentara pruebas y rindiera alegatos, sino solo los dictámenes técnicos necesarios para proceder a la expedición del decreto expropiatorio, que le notificaban al particular. Y era cuando el particular tenía conocimiento del procedimiento de expropiación.
Resaltó que con la reforma a la Ley, se privilegia el derecho de audiencia de las personas, además de que está acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que cada ciudadano pueda ejercer el derecho de audiencia previo a que se emita el decreto expropiatorio.
Además, se tiene que declarar primero que existe una causa de utilidad pública respecto de un proyecto que va a generar un beneficio colectivo o un beneficio social a los ciudadanos.
Añadió que con la declaratoria de utilidad pública, se le brinda a los particulares que resulten afectados en su propiedad el derecho de audiencia para realizar las manifestaciones que consideren correspondientes, como son las pruebas, el desahogo de las mismas y rindan los alegatos correspondientes.
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De los juicios de amparo, externó que se incluye al Gobierno del Estado como una de las autoridades responsables en el proceso legislativo, al igual que en las dos acciones de inconstitucionalidad que se presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Consejería Jurídica recibió la notificación de la Corte Judicial, por lo que están en el tiempo estipulado para que rindan el informe, así como en el Juzgado de Distrito de la ciudad capital, en donde se presentaron los amparos, finalizó.
JGH
