
El Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito resolvió como fundado el recurso de queja 411/2025 promovido por el periodista Jorge Luis González Valdez y la empresa Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., mejor conocida como TRIBUNA, al considerar que las medidas cautelares que les prohibían ejercer el periodismo y operar como medio de comunicación durante dos años eran desproporcionadas y vulneraban derechos fundamentales.
La queja derivó del juicio de amparo indirecto 748/2025-III-A, presentado luego de que el Juzgado Primero de Distrito en Campeche les negara la suspensión provisional de esas restricciones, al considerar que no eran susceptibles de suspensión con base en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Sin embargo, el tribunal federal determinó que esta interpretación resultaba inconstitucional por afectar derechos humanos como la libertad de expresión, el derecho al trabajo y el acceso a la justicia.
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Al analizar el caso, los magistrados concluyeron que las medidas impuestas eran excesivas y carecían de proporcionalidad, pues impedían de manera absoluta el ejercicio profesional del periodista y la operación del medio, sin que se valoraran alternativas menos lesivas para proteger a la parte denunciante. Recordaron que, conforme a la jurisprudencia derivada de la acción de inconstitucionalidad 62/2016, los jueces pueden —y deben— valorar el contexto específico cuando las medidas cautelares restringen derechos fundamentales.
Por unanimidad, el tribunal concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, lo que permitirá tanto al periodista como al medio de comunicación reanudar sus actividades mientras se resuelve el fondo del juicio de amparo. La decisión no representa una resolución definitiva del caso, pero sí garantiza la protección temporal de sus derechos durante el proceso.
La resolución fue aprobada por los magistrados Christian Omar González Segovia, Miguel Ángel González Escalante y Gilberto Noé Martín Pat Betancourt —quien fungió como ponente—, y certificada por la secretaria del tribunal, María del Rosario Franco Rosales.