En los procesos jurídicos instaurados a los policías que se manifestaron por el operativo fallido en el penal de San Francisco Kobén el 15 de marzo de 2024 y luego de 104 días de protesta, fueron despedidos 192, en 78 casos los suspendieron, mientras que en 93 no hubo responsabilidad administrativa y quedan pendientes por resolver 58 expedientes, dio a conocer el consejero jurídico, Juan Pedro Alcudia Vázquez.
Argumentó que las facultades de la consejería jurídica están claras en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, ya que es representación legal del Gobierno del Estado.
En el tema de los policías precisó que hay 129 juicios de amparo interpuestos en contra del Gobierno del Estado y de estos procesos jurídicos, 24 ya fueron totalmente concluidos al ser favorables para el Gobierno del Estado.
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Además, en 63 la sentencia en primera instancia también fue a favor de la administración pública estatal en la sentencia de primera instancia por el Juez de Distrito, sin embargo, se encuentran en la última revisión ante el Tribunal Colegiado.
Agregó que 42 están pendientes de las audiencias constitucionales en el tema del juicio de amparo.
En el caso de los juicios contenciosos administrativos ante los autos de autoridad del Gobierno del Estado, también interpuestos por los policías, puntualizó que son 42 juicios que todavía están en trámite ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Desglosó que se tienen 129 amparos además de los 42 juicios en materia contenciosa administrativa.
E insistió que en los 129 amparos los que ya se resolvieron (24) y los que tienen sentencia en primera instancia (63) todos fueron favorables para el Gobierno del Estado. Por lo que subrayó que con las sentencias emitidas por el Poder Judicial Federal es que los procedimientos disciplinarios emitidos por el Gobierno del Estado fueron constitucionales y apegados a derecho.
En cuanto a las sanciones impuestas, detalló que de los 420 expedientes abiertos por el movimiento de protesta de los elementos policíacos, en 191 casos la resolución fue el cese de los involucrados. En 78 la sanción fue la suspensión, y sostuvo que no fue la inquisición hacia la policía, sino un procedimiento de responsabilidad con un escrutinio legal adecuado.
Añadió que además en 93 de los expedientes administrativos instaurados con motivo de la toma de instalaciones del edificio de seguridad pública, se determinó que no había responsabilidad de los elementos. Señaló que en 58 casos de los policías involucrados con la toma de las instalaciones policíacas todavía no concluyen las investigaciones de los expedientes.
