
Las Alcaldías de Campeche y Carmen, presididas por Biby Rabelo de la Torre y Pablo Gutiérrez Lazarus, enfrentan alrededor de 12 mil demandas laborales interpuestas ante la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) por diversos motivos, entre ellos, despidos injustificados, confirmó su titular Nayeli de los Ángeles Heredia Caamal.
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Explicó que el rezago en la atención de estos casos se originó desde hace más de tres sexenios, cuando las audiencias laborales se programaban con plazos de hasta un año y dos meses, lo que dilataba la impartición de justicia para los empleados afectados.
Sin embargo, destacó que del 2021 al 2025 se ha logrado avanzar en la reducción de este rezago en un 23 por ciento, lo que ha permitido que el tiempo de espera para las audiencias disminuya a siete meses, un avance significativo, aunque aún insuficiente para las necesidades de los trabajadores.
“Antes, los trabajadores tenían que esperar más de un año para que se les programara una audiencia y si alguna de las partes no se presentaba, el proceso volvía a retrasarse. Hoy la agenda se ha reducido a siete meses, lo que representa un gran esfuerzo institucional”, afirmó la funcionaria.
De acuerdo con los datos oficiales, en Campeche existen alrededor de seis mil expedientes en trámite, mientras que en El Carmen la cifra es similar, sumando en total más de 12 mil demandas vigentes en contra de estos ayuntamientos donde gobiernan Movimiento Ciudadano (MC) y Morena.
Y agregó que, en el caso de los trabajadores despedidos de la Comuna campechana en el mes de octubre del año pasado, ya se realizó la primera audiencia y aún vendrá el proceso de presentación de pruebas, hasta llegar a los laudos, por lo que sería hasta el 2026 cuando se tenga un avance.
Heredia Caamal señaló que, aunque los procesos siguen siendo prolongados por la propia naturaleza de la legislación laboral, se han implementado estrategias de conciliación para reducir el número de expedientes, y gracias a este mecanismo, se han logrado convenios entre trabajadores y patrones, con lo que más de 180 casos han sido concluidos y archivados.
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Finalmente, la subsecretaria reconoció que, aunque los avances han sido importantes, el reto persiste, porque “para los ciudadanos, siete meses puede parecer mucho tiempo, pero comparado con los más de doce meses que se esperaban en 2021, el cambio es considerable, y seguiremos trabajando para que la justicia laboral sea más ágil y cercana a los trabajadores”.
JGH