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Magaña Martínez acusa a la Universidad del Carmen de avalar elecciones ilegales en el sindicato

El líder sindical José Ramón Magaña Martínez aseguró que mientras no exista una toma de nota oficial, ninguna elección tendrá efectos legales. Denunció la intromisión de la rectoría
Disputa sindical en el SUTUNACAR pone en riesgo derechos de jubilación
Disputa sindical en el SUTUNACAR pone en riesgo derechos de jubilación / Perla Prado Gallegos

Las elecciones convocadas para este jueves 18 de septiembre carecen de validez legal y buscan profundizar la división interna en el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma del Carmen (SUTUNACAR), afirmó, el secretario general electo, José Ramón Magaña Martínez, quien denunció que los integrantes de las dos planillas registradas son las mismas personas que en julio pasado se robaron las urnas, violentaron las oficinas y agredieron a compañeros, por lo que enfrentan procesos abiertos en la Fiscalía, Derechos Humanos e incluso en la propia universidad.

Ante las elecciones convocadas por Enrique Rafael Farfán Heredia, presidente de la Comisión Temporal de Gestiones del SUTUNACAR, en el que Víctor Arturo García Herrera de la planilla azul y Ramón López López de la planilla blanca, buscan la dirigencia en elecciones convocadas en el Aula Magna, el entrevistado recordó que el único órgano facultado para reconocer a una nueva directiva es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, instancia que hasta ahora no ha emitido ninguna toma de nota que lo destituya.

La Comisión Electoral del SUTUNACAR entregó constancias de candidatura a las planillas blanca y azul.

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Magaña Martínez acusó a la rectora de la UNACAR, Sandra Martha Laffón Leal, de respaldar a los grupos opositores, al permitirles el uso de instalaciones como el Aula Magna y otorgar facilidades administrativas, pese a que no cuentan con reconocimiento oficial.

“Esto es un golpe de estado sindical con el aval de la universidad (...)", recordó, al advertir que la división interna solo beneficia al patrón y pone en riesgo conquistas laborales, particularmente la cláusula 49 del contrato colectivo, que garantiza el derecho a la jubilación.

El líder sindical hizo un llamado a la Fiscalía y a las autoridades laborales a intervenir, pues mientras no exista un aval oficial, “ninguna firma ni elección tendrá efectos legales, ni ante bancos, ni ante dependencias gubernamentales”.

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