Con señalamientos de presuntos malos manejos de recursos públicos y cuestionamientos al actuar de las autoridades fiscalizadoras, legisladores del Congreso del Estado fijaron postura en torno a la situación que enfrenta la rectora de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), Sandra Laffón Leal, tras las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El posible daño a la hacienda pública por más de dos millones de pesos, el pago de recursos a personas no autorizadas y el ocultamiento de información pública fueron algunas de las irregularidades señaladas. El coordinador parlamentario del PRI, Miguel Ángel Pool Alpuche, sentenció que estas anomalías deben ser esclarecidas y sancionadas conforme a la ley.
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El legislador recalcó que el manejo de recursos públicos debe ser transparente, pues se trata de dinero de la ciudadanía, y advirtió que, de comprobarse irregularidades cometidas por la rectora, estas deben castigarse sin distinción. Reconoció además que los problemas financieros de la UNACAR no son nuevos, ya que en años anteriores se registraron anomalías y protestas de jubilados y pensionados por la falta de pagos.
Por su parte, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC), Pedro Armentía López, consideró que el caso ocurre en un contexto político complejo, donde “no existen casualidades”. Señaló que las observaciones de la ASF y la falta de entrega de información se presentan justo en un momento de confrontación con la rectora, lo que podría responder a una narrativa política.
Armentía López subrayó que, si existían indicios de desfalcos desde hace años, debieron atenderse oportunamente y no solo cuando surgen diferencias políticas. No obstante, precisó que cualquier acusación debe seguir el debido proceso legal, sin presiones ni juicios mediáticos, y sin vulnerar la autonomía universitaria.
Ambos legisladores coincidieron en que la situación financiera y administrativa de la UNACAR arrastra problemas de varios años, particularmente relacionados con pagos, plazas y atención a jubilados, por lo que insistieron en la necesidad de que las investigaciones se conduzcan con apego a la ley, transparencia y respeto institucional.
