Gracias a la reforma al Artículo 2 Constitucional, los pueblos indígenas ahora son reconocidos como Sujetos de Derecho Público. Con ello, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, las comunidades reciben recursos federales directos para obras y acciones de beneficio social, administrados por ellos mismos a través de comités comunitarios.
El consejero nacional indígena del Pueblo Maya en Los Chenes, José Alfredo Poot Aguayo, recordó que antes de esta reforma, los pueblos solo eran considerados Sujetos de Interés Público, sin posibilidad de decidir sobre su propio desarrollo.
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Actualmente, los pueblos indígenas ejercen su libre determinación para decidir qué obras de infraestructura, bienestar y desarrollo realizar en sus comunidades, sin depender de gobiernos municipales o estatales.
Con el respaldo del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicano (FAISPIAM), se financian proyectos de agua, saneamiento, electrificación, educación y salud, fortaleciendo la autonomía comunitaria y el reconocimiento de sus derechos.
“Antes los pueblos indígenas no decidían qué obras necesitaban, ahora el pueblo decide qué obra realizar”, enfatizó Poot Aguayo, subrayando que los recursos son gestionados bajo sus propias autoridades y sistemas normativos, con un enfoque de justicia social y autonomía.
