Las Juntas Municipales reciben presupuestos mínimos, y debido a que en varias ocasiones se han señalado malos manejos de recursos o desvíos hacia fines personales, se ha dejado en el abandono a los trabajadores que sí sostienen la operación diaria de servicios en las comunidades, acusó el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Base de Ayuntamiento, Juntas y Comisarías del municipio de Carmen (SUTBAJC), Miguel Ramón Córdoba. Indicó que la iniciativa aprobada por el Congreso estatal para revalorizar y asegurar mayor presupuesto a las Juntas Municipales es un paso clave, pero subrayó que de nada servirá si no hay fiscalización real.
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Luego de que el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de Campeche (SUTPMIDEC) informara que más de un centenar de trabajadores de las Juntas Municipales de Atasta, Sabancuy, Mamantel e Isla Aguada ganan menos de un salario mínimo, se confirmó que hay personas que desde hace 10, 15 o hasta 20 años no han tenido un ajuste real a su salario.
El problema no es nuevo y se arrastra desde hace varios trienios. Actualmente hay quienes ganan entre mil 800 o hasta dos mil 500 pesos por quincena, muy por debajo del mínimo legal, lo cual representa una violación abierta a derechos laborales y a la ley.
Ramón Córdoba mencionó que, si bien el acuerdo busca revalorizar la función de las autoridades auxiliares como parte esencial del gobierno en los 13 municipios, no todo se reduce a asignar más recursos, sino a garantizar que ese dinero llegue, se ejerza en nómina y se audite el gasto, para evitar que se mantengan salarios de miseria mientras se benefician grupos o intereses particulares.
Afirmó que tanto su sindicato como el SUTPMIDEC, que preside José del Carmen Urueta Moha, deben someterse también a escrutinio y transparencia, ya que la sobrecarga de personal sindicalizado sin funciones reales ha afectado el presupuesto destinado al personal operativo de campo en todas las Juntas Municipales.
Señaló que lo que procede es una minuta tripartita entre Ayuntamiento, Juntas Municipales y sindicatos, donde se establezca que todos los trabajadores de comunidades tengan un mismo salario base acorde a la Ley, una misma categoría y un horario justo, evitando abusos como exigir más horas a quienes ganan menos.
Reiteró que si el Ayuntamiento de Carmen y los demás del Estado regularizan salarios, fiscalizan recursos y frenan la protección a grupos que no trabajan, será posible corregir años de injusticia laboral y devolver dignidad salarial a quienes sostienen los servicios, en especial en Sabancuy, Atasta, Mamantel e Isla Aguada.
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