Un ciudadano con discapacidad visual denunció ser víctima de constantes abusos por parte de choferes de combis colectivas que operan las rutas de la península de Atasta hacia Ciudad del Carmen, quienes le han negado en varias ocasiones la aplicación del descuento que por ley corresponde a personas con discapacidad, llegando incluso a cobrarle hasta triple pasaje por trasladar a personas vulnerables o con necesidades especiales.
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Según el ciudadano identificado como Víctor Manuel Pacheco Aguilar, esta problemática no es aislada, sino que se ha vuelto una práctica frecuente en diversas unidades que cubren recorridos desde comunidades como Puerto Rico, San Antonio y Nuevo Progreso.
El habitante de la comunidad de Puerto Rico en la colonia Antorcha Campesina, señaló que esta situación también la padecen adultos mayores y personas que utilizan dispositivos de apoyo, quienes han sido rechazados, ignorados o condicionados a pagar tarifa normal, pese a contar con su credencial oficial de discapacidad emitida por el DIF, por lo que sería de suma relevancia que esta dependencia haga un monitoreo con los choferes para exhortarlos a respetar esa credencial.
Pacheco Aguilar relató que incluso el checador de la ruta tampoco interviene a favor de las personas vulnerables, por el contrario, solo está ahí para “recibir dinero” y no para vigilar que los operadores respeten la ley y los derechos de los usuarios. En su testimonio, denunció que los conductores justifican sus acciones diciendo que “el gobierno no los apoya”, razón por la cual se sienten en libertad de no respetar descuentos, negarse a recibir credenciales o cobrar cantidades excesivas a quienes necesitan trasladarse. Incluso narró el caso reciente en el que a una mujer que transportaba una bocina hacia San Antonio le cobraron tres pasajes.
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El afectado pidió tanto a la Agencia Reguladora del Transporte en el Estado de Campeche (ARTEC) para que supervisen y sancionen este tipo de abusos, pues al tratarse de una región en la que las comunidades dependen del transporte para acceder a la isla o desplazarse hacia sus actividades, negar el beneficio o cobrar tarifas arbitrarias constituye una violación directa a sus derechos y afecta la economía de quienes menos tienen.
Aseguró que gran parte de los habitantes de la península intentan salir adelante, y que el Estado les otorgó las credenciales para garantizarles movilidad, sin embargo, es lamentable que los transportistas no se tienten el corazón para poder garantizar la mitad del transporte, pues en su experiencia él viaja a la Isla para vender dulces en las zonas concurridas, con lo cual suma a sus ingresos para mantenerse.
JGH
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