Un nuevo caso que exhibe los vacíos, omisiones y presuntos actos de corrupción en el sistema notarial campechano salió a la luz pública, luego de que un abogado carmelita denunciara la compraventa irregular de una propiedad realizada a nombre de una persona fallecida cuatro años antes del acto jurídico registrado. La operación fue certificada por la Notaría Pública número 12 del Segundo Distrito Judicial del Estado, a cargo del licenciado Jaime Antonio Boeta Tous.
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La denuncia fue expuesta por el abogado Jorge Alberto Castellanos Araujo, defensor de un hombre de la tercera edad que emprendió un juicio testamentario tras el fallecimiento de su ex esposa, la señora Socorro del Carmen Utrera Zavala, ocurrida el 15 de febrero de 2016. A través de su testamento, la mujer habría dejado a su ex cónyuge derechos sobre una serie de bienes, entre ellos un terreno ubicado en la calle 58 por 37 de la colonia Fátima, con dimensiones de 20 por 40 metros y alta plusvalía, por su cercanía con una escuela privada y zona residencial.
Según el testimonio del abogado Castellanos, durante el proceso de adjudicación de bienes, el notario encargado del juicio testamentario le notificó a su cliente que una de las propiedades no podría ser entregada, pues presuntamente había sido vendida en diciembre de 2020, es decir, más de cuatro años después del fallecimiento de la testadora.
“Fue un golpe de confusión y sorpresa. ¿Cómo podía haberse vendido una propiedad en 2020 a nombre de una persona que murió en 2016? Eso fue lo que encendió las alarmas”, explicó el litigante.
Tras realizar una revisión detallada de los registros notariales y catastrales, se descubrió que la transacción fue realizada el 23 de diciembre de 2020 a las 12:00 horas, en la Notaría Pública número 12 de Ciudad del Carmen. En ese acto, el notario Jaime Antonio Boeta Tous certificó una supuesta compraventa entre la fallecida Socorro del Carmen Utrera y una ciudadana identificada como Lucila Lozada Hernández, a quien le fue adjudicada parte del predio.
Además, el terreno originalmente indivisible fue fragmentado en dos partes, y existen indicios y versiones de que la otra fracción fue adjudicada a un trabajador de la misma notaría, aunque esta información aún está siendo verificada jurídicamente.
Escritura viciada y amenazas
Para el abogado defensor, se trata de una escritura notarial completamente viciada, ya que una persona legalmente muerta no puede figurar como vendedora, ni mucho menos suscribir actos jurídicos posteriores a su fallecimiento. Explicó que se trata de una posible violación al Código Civil y al marco legal que regula la función notarial en el estado de Campeche.
“Estamos ante una posible falsificación de documentos públicos, alteración de fechas y simulación de actos jurídicos. Es una falta gravísima, no solo legal, sino ética y social”, denunció Castellanos.
Por si fuera poco, el afectado —un hombre mayor cuyo nombre se mantiene en reserva— ha recibido amenazas telefónicas y advertencias contra su integridad física desde que inició la investigación. De acuerdo con su abogado, teme por su vida y su seguridad, por lo que ha optado por no dar declaraciones públicas.
“Lo único que quiere es ejercer su derecho y recuperar lo que legalmente le corresponde. No tiene medios para contratar escoltas ni abogados caros. Representa a muchos adultos mayores que, al igual que él, están expuestos al abuso notarial y a los vacíos legales”, agregó.
Buscan anulación
El equipo legal ya inició un proceso judicial para solicitar la nulidad de la escritura, además de preparar acciones legales que podrían escalar a nivel penal si se comprueban delitos como falsificación de documentos, ejercicio indebido de funciones notariales y posible colusión.
Hasta el momento, ni la Notaría número 12 ni el titular Jaime Antonio Boeta Tous han ofrecido una declaración pública sobre este y otros tantos casos denunciados públicamente por personas de la tercera edad.
Tampoco hay registros de investigaciones formales iniciadas por el Colegio de Notarios o la Fiscalía General del Estado, aunque se espera que, con la documentación presentada, el asunto escale al ámbito ministerial.
Este caso ha revivido la preocupación entre la ciudadanía sobre la falta de supervisión en el actuar de las notarías, así como la vulnerabilidad legal en la que se encuentran los adultos mayores y herederos cuando sus derechos son atropellados por actos administrativos irregulares.
JGH
