Un presunto acto de corrupción en la Casa de Justicia de Ciudad del Carmen, fue ventilado por Martina Vázquez Arias, una mujer que en la actualidad se encuentra en disputa legal por una propiedad familiar que fue heredada por parte de su padre. A decir de la denunciante, ha sido amenazada de ser despojada de la casa donde ha vivido por más de 18 años. Desafortunadamente, lejos de encontrar respaldo de la autoridad en materia judicial, ha recibido rechazo y letargo en los procedimientos.
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Desesperada porque desde hace dos años ingresó la solicitud de prórroga de desalojo a la Jueza Segunda de Primera Instancia del Ramo Civil del Segundo Distrito Judicial, Martina buscó a los medios de comunicación, a quienes explicó que decidió hacer público este caso familiar porque considera que lo que están haciéndole es una injusticia.
Detalló que el conflicto surgió una semana antes de la muerte de su padre, el 20 de enero de 2020, cuando su sobrino, Israel Vázquez Ario, y su esposa, Ana Karina Arena Castelán, quisieron comprarle la propiedad a su padre, ubicada en la calle Guadalupe Victoria número 70, de la colonia Insurgentes, por un monto económico de 1 millón 800 mil pesos. En ese entonces se hizo el acuerdo ante el abogado José Cesáreo Chi Cobos, donde se fijó que darían 50 mil pesos en efectivo, dinero que entregaron en las oficinas del abogado como anticipo y el resto a él. En caso de que el padre muriera, el dinero restante tenía que entregárselo a Martina, porque ella era la única que se había encargado de su cuidado, pero además ya tenía indicaciones como “albacea” sobre lo que haría con el recurso.
Según la afectada, desde esos 50 mil pesos jamás vio más dinero y poco después recibió una notificación de desalojo. Cuando se acerca a preguntar, se entera que su sobrino Israel y su esposa Ana Karina ya tenían escrituras de la propiedad completa, cuando originalmente su padre solo les había vendido una parte, porque la casa de enfrente es donde ella había vivido durante los últimos 18 años.
Martina sostiene que existen documentos que respaldan su versión, incluyendo un testamento en el que su padre reiteraba la obligación de pago por parte de Israel. Sin embargo, lamenta que el proceso ha estado marcado por irregularidades y omisiones que levantan sospechas de corrupción en el sistema de la Casa de Justicia en Ciudad del Carmen.
"Me siento marginada y desprotegida. El sistema parece favorecer a quienes tienen mayores recursos económicos. Lo estoy haciendo público porque no es algo que quiera yo apropiarme sin derecho. Mi padre en vida fijó su voluntad y no se ha respetado. Pido la intervención de las autoridades del Poder Judicial del Estado de Campeche, para que atiendan lo que me está pasando", agregó, al insistir que no busca confrontación, sino justicia y respeto por los derechos que, asegura, han sido ignorados en favor de intereses más poderosos.
Mientras espera una resolución definitiva de su apelación, la incertidumbre y la posibilidad de ser desalojada de la que ha sido su hogar por casi dos décadas continúan siendo una amenaza real, pues dice que, no siendo delincuente, le llegan órdenes de desalojo con la advertencia de que llevarán a todas las autoridades a sacarla de su hogar.
