
A una semana del bloqueo del Puente Zacatal y el desalojo de taxistas, nada ha sucedido porque la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) simplemente no quiere resolver el problema generado por su ausencia. Así lo señaló el presidente de la Contraloría Ciudadana de Carmen, Javier del Carmen Bello Ávila, quien advirtió sobre un posible estallido del conflicto, que en cualquier momento podría derivar en violencia, con graves perjuicios para la sociedad.
Según el entrevistado, la única causa detrás de los bloqueos de taxistas, el mal servicio de camiones, combis y taxis, así como la proliferación ilegal de mototaxis, es la falta de regulación efectiva por parte de la dependencia responsable: ARTEC. Afirmó que su director, Jorge Luis López Gamboa, prometió regularizar el transporte público e instalar ventanillas de atención en la isla, pero el tiempo pasa y esas acciones no se han concretado.
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“No hay personas capacitadas ni voluntad para aplicar la ley, por eso el desorden ha crecido hasta volverse incontrolable”, señaló.
Explicó que, aunque la ley establece límites claros para la operación de los concesionarios, en la práctica no se cumplen. Ejemplo de ello es que hay taxis y autobuses con más de 20 años de servicio, a pesar de que la vida útil permitida es de 10 años. Además, operan combis y taxis sin concesión, tolerados por la falta de supervisión.
“Esta omisión permitió la proliferación de mototaxis. Empezaron con 10 o 20 unidades, y hoy ya son más de 300, repartidos en diferentes grupos, lo que ha derivado en choques de intereses y hasta agresiones entre líderes”, refirió.
Bello Ávila advirtió que, después del bloqueo de taxistas y su desalojo por parte de las autoridades, extrañamente se presentaron —casi al mismo tiempo— atentados contra dirigentes de mototaxistas, lo que demuestra que la situación se está saliendo de control.
“En cualquier momento la sangre puede llegar al río, con un grave perjuicio para la sociedad”, alertó el entrevistado.
Acusó al líder taxista Juan Alba Rosado de utilizar la figura sindical como herramienta de presión, sin resolver de fondo los problemas del servicio. Indicó que, si la gente ha optado por los llamados “pochis”, es como una forma de protesta ante el maltrato y el pésimo servicio que ofrecen los taxistas tradicionales. Incluso, explicó que usuarios en colonias periféricas recurren a los mototaxis porque los taxis formales se niegan a llevarlos o cobran tarifas excesivas.
Finalmente, hizo un llamado directo a la gobernadora Layda Sansores San Román para que convoque a una mesa de diálogo con todos los actores involucrados, antes de que la crisis derive en enfrentamientos mayores.
“Lo que vemos hoy es consecuencia de la negligencia y la omisión. Si no se busca una solución integral, no sólo seguirán las protestas y bloqueos, también puede haber pérdidas de vidas humanas inocentes”, puntualizó.