Luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) iniciara el procedimiento para repatriar a Alisa, una mujer británica que permanecía en Ciudad del Carmen y que generó un fuerte reclamo social por la falta de atención a personas en indigencia, el Centro de Atención Integración para Indigentes (CAIPI) reveló que casi la totalidad de las mujeres y hombres que hoy deambulan en la vía pública tienen familia, lo cual es un limitante para poder ingresarlos al recinto y proceder a ofrecerles canalización a servicios médicos psiquiátricos.
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La coordinadora de CAIPI, Karla Fabiola Basto González, mencionó que en atención a los reportes ciudadanos y de los medios de comunicación sobre la situación en la que se encuentran algunas personas, no solo por estar en condición de calle, sino que muchas tienen afectaciones a sus facultades mentales, convirtiéndose en un peligro al tornarse agresivos en la vía pública, han investigado cada uno de los casos y es lamentable que la mayoría de ellos son nativos carmelitas y tienen familia.
Aclaró que, a través del área jurídica de CAIPI, estos hombres y mujeres han sido identificados y cuentan con familiares, por lo que, aunque quisieran apoyarles en darles un lugar digno para vivir y también la atención médica psiquiátrica que necesitan, estos no pueden ser ingresados al centro, ya que la ley sanciona a las familias que se deslindan de sus responsabilidades.
Explicó que actualmente el albergue opera en condición de sobrepoblación, con 16 personas bajo resguardo, de las cuales 14 presentan afectaciones mentales, y cinco de ellas tienen familiares que enfrentan procesos judiciales por omisión de cuidados.
“Cuando una persona indigente tiene familia, no podemos recibirla, porque estaríamos cargando una responsabilidad que le corresponde a sus parientes”, señaló Basto González, quien lamentó que muchas familias no den seguimiento a los tratamientos psiquiátricos de sus seres queridos, lo que ha orillado a que estos estén en descontrol, se tornen agresivos y por no “aguantarlos” en casa, permitan que se la pasen en las calles, con todo el riesgo que conlleva tanto para ellos como para terceros.
Agregó que los casos de indigentes más visibles en la vía pública suman aproximadamente siete personas, todas con familias identificadas. La funcionaria subrayó que el CAIPI continúa colaborando con las autoridades competentes para garantizar el respeto a los derechos humanos y la atención de las personas en condición de vulnerabilidad, por lo que continuarán dando seguimiento a los procesos legales para que los familiares se hagan responsables de ellos.