El motivo por el que dos funcionarios de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) fueron vinculados a proceso se debe a observaciones detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASECAM) desde 2017 y no por la denuncia de desvío de recursos presentada en 2022 por la actual rectoría, reveló su titular, Sandra Martha Laffón Leal. Indicó que esta última investigación pasó de 50 a 100 millones de pesos presuntamente malversados.
Cuestionada sobre la situación legal que enfrentan el ex rector, ex tesorera y dos ex coordinadores, precisó que no se trata de una denuncia iniciada por la actual administración, sino de un proceso en curso, en el que la rectoría ha aportado evidencias, ratificado la denuncia y colaborado con las autoridades.
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Respecto al presunto desvío de recursos del ejercicio 2022, la rectora informó que se ampliaron responsabilidades y se entregaron nuevas evidencias. El monto inicialmente identificado rondaba los 50 millones de pesos, pero tras el rastreo financiero la cifra podría acercarse a los 100 millones. Subrayó que este expediente es distinto al de 2017 y que las autoridades determinarán a los responsables.
La rectora aclaró que los casos de 2017 están vinculados a contratos del área de vinculación, mientras que el desvío de 2022 corresponde a otro esquema y a otro grupo de implicados. Insistió en que la universidad no puede revelar nombres, pues esa labor corresponde a la fiscalía.
Sobre el caso de Sergio López Peña, quien presuntamente debía reintegrar recursos, la rectora afirmó que actualmente no se le paga pensión. Reconoció que existió una determinación judicial relacionada con un embargo, pero su aplicación no se concretó por razones ajenas a la rectoría.
Finalmente, reiteró que la universidad cuenta con un área jurídica que da seguimiento a los procesos legales y que mantiene coordinación con las autoridades fiscales y penales, subrayando que corresponde a ellas determinar el alcance de las responsabilidades.
