Zheger Hay Harb
La nota colombiana
En un país donde parece que cada uno lleva un leguleyo agazapado en su interior, casi cada día asistimos a demandas, contrademandas, solicitudes de retractación, de rectificación y desmentidos en los cuales son protagonistas casi siempre políticos y periodistas.
Una de las últimas escaramuzas se presentó porque Gustavo Petro dijo en una entrevista en la W Radio que “Uribe debería estar preso” por presuntos vínculos con grupos paramilitares y por haber cometido delitos de lesa humanidad. De inmediato el abogado del ex presidente, un personajillo que se ha enriquecido defendiendo a muchos impresentables, presentó una acción de tutela para obligar a rectificar al ex alcalde.
El juez le dio la razón a Uribe y ordenó a Petro rectificar.
Éste, que no es manco, se presentó, con diccionario en mano, en la misma emisora para acatar públicamente la orden del juez. Y, acto seguido, explicó que el juez le había ordenado rectificar, no retractarse. Y que, según el diccionario, rectificar significa “reducir algo a la exactitud que debe tener” y, en cambio, retractarse quiere decir “revocar expresamente lo que se ha dicho”. Y que, por tanto, rectificaba: que no aseguraba que el ex presidente Uribe debía ser condenado, como había afirmado inicialmente, sino que “debía ser investigado por delitos de lesa humanidad por la justicia colombiana. Así lo creyó el tribunal de Medellín que compulsó copias y así lo está estableciendo la Corte Suprema de Justicia”.
Aprovechó los micrófonos para afianzarse en sus convicciones personales, pero, eso sí, reafirmando que debía ser investigado, no condenado. Recordó que como senador, en 2007, realizó un debate parlamentario sobre el origen del paramilitarismo en Antioquia bajo la gobernación del ex presidente y que en él había denunciado que las Convivir (organizaciones de autodefensa creadas a instancias de Uribe como gobernador y luego desarrolladas durante su presidencia) habían resultado dirigidas por jefes paramilitares que cometieron toda clase de delitos y que se establecían hechos “a través de declaraciones bajo juramento de diversas personas que señalaban a Santiago Uribe ( su hermano) de ser el jefe de los 12 Apóstoles, que era un grupo de limpieza social”. Y que (la hacienda Guacharacas) “propiedad de los hermanos Uribe Vélez…había sido usada como cuartel paramilitar del Bloque Metro”.
Afirmó que jamás había sido refutada ninguna de las pruebas que presentó y que las declaraciones de los paramilitares habían sido hechas bajo juramento. A continuación leyó la declaración de Pedro Hernán Sierra, ex jefe paramilitar: ‘Pero los fundadores y creadores de lo que terminó llamándose el Bloque Metro son el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez y Santiago, su hermano‘“. Y el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, hijo del mayordomo de la hacienda, quien aseguró que allí se hacían entrenamientos y que mataron varias personas.
Monsalve fue quien grabó con su reloj las propuestas del abogado de Uribe cuando le proponía cambiar su testimonio para favorecerlo, con lo cual la Corte Suprema, concluyó que quien corrompía testigos era Uribe y no el senador Iván Cepeda, con lo cual el denunciante resultó denunciado por la misma Corte, que ya lo llamó a indagatoria. Es lo que se conoce como el proceso bumerang.
El mismo abogado de Uribe interpuso incidente de desacato a la tutela porque “Petro desconoció olímpicamente un fallo judicial” y varios uribistas se despacharon contra él porque según ellos había repetido las “infamias” contra su “presidente eterno” como lo llama el presidente Duque. Como generalmente ocurre cuando quieren descalificarlo, lo acusan de haber participado en la toma del Palacio de Justicia, pese a que se ha demostrado hasta la saciedad que no participó en esa acción realizada por el movimiento político al cual pertenecía.
La juez del caso decidió que Petro sí había cumplido con lo que se le había ordenado. Entonces presentaron denuncia penal por injuria y calumnia contra él. Como la tutela es un recurso para restaurar de inmediato los efectos de la violación de un derecho fundamental, en este caso la presunción de inocencia, la injuria y calumnia se resuelven por otra vía en la justicia ordinaria. Son dos juicios separados y en instancias distintas, pero es difícil que ante este fallo de tutela un juez decida de manera diferente en el caso penal.
Pero no ha sido éste el único revés de Uribe en lo que a tutelas se refiere. La periodista María Jimena Duzán afirmó que los ex presidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana presentaron denuncia contra el ex presidente Juan Manuel Santos porque supuestamente a su campaña presidencial entraron dineros de la empresa Odebrecht, acusada de innumerables casos de corrupción en diferentes países y que la fiscalía en este caso no ha querido tocar a los peces gordos.
Por esas afirmaciones el fiscal del caso interpuso acción de tutela porque supuestamente con ello violó su derecho al buen nombre.
María Jimena es crítica de Uribe. Basta ver el título de algunas de sus columnas: “Nuestro Chávez es Uribe”, “Álvaro Uribe festeja asesinato de testigo”, “Uribe, el suertudo mezquino al que muchos temen como si fuera Dios”, “Uribe vuelve al poder a acabar con todo lo que dejó en pie Santos” y muchas más del mismo tenor. También en este caso fue derrotado (aunque indirectamente) porque la justicia le dio la razón a la periodista con base en el derecho a la libertad de prensa.
Como si fuera poco, el expresidente interpuso tutela contra el periodista Gonzalo Guillén, quien en sus twitts ha llamado a Uribe “matarife, asesino y mafioso” relacionándolo con el cartel de Medellín y el crimen en general.
Sus abogados demostraron que “cualquier persona que hubiera estudiado la vida del expresidente Uribe, podría llegar a opinar que era un matarife, un paramilitar y un mafioso”. En este caso el juez negó las pretensiones de los demandantes y dio la razón al periodista, quien en 2007 había salido al exilio declarándose perseguido por el entonces presidente que ahora quiso obligarlo a la retractación.
Uribe conserva mucho poder pero cada día es más vulnerable. Su proceso en la Corte Suprema de Justicia podría acarrearle serios problemas.