Los legisladores buscan proteger a los prisioneros y a los inmigrantes detenidos, pero la compañía privada de prisiones espera que los tribunales eliminen las medidas
El gobernador de California, Gavin Newsom, promulgó el viernes una prohibición estatal de las prisiones privadas , en una medida que probablemente desencadene otra batalla legal entre la administración Trump y California. La nueva ley prohíbe que la autoridad penitenciaria de California contrate con empresas privadas para encarcelar a detenidos criminales y exige que el estado elimine gradualmente los contratos existentes para 2028. La prohibición también se aplica a las empresas que tienen detenidos inmigrantes para la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Un portavoz de Geo Group dijo que la compañía, que opera cuatro prisiones privadas y dos centros de detención de inmigrantes en California , ha estado en conversaciones con Ice y el Servicio de Alguaciles de EE. UU., Y que creen que la nueva ley será revocada por los tribunales. "En particular, creemos que las restricciones para forzar la eliminación gradual de los centros de detención federales bajo administración privada están en conflicto con la cláusula de supremacía de la constitución de Estados Unidos", dijo el portavoz de la compañía. "Los estados no pueden aprobar legalmente legislación que ordene el cierre de instalaciones federales que las desagradan sobre la base de diferencias ideológicas". Los legisladores de California no están de acuerdo y dicen que la prohibición es parte de una reforma más amplia de la justicia penal que protegerá a los presos que cumplen condenas penales y a los inmigrantes en detención civil de condiciones peligrosas dentro de cárceles privadas. "Estamos enviando un poderoso mensaje de que nos oponemos con vehemencia a la práctica de sacar provecho de las espaldas de los californianos bajo custodia, que defenderemos la salud, la seguridad y el bienestar de nuestra gente, y que estamos comprometidos con el trato humano para todos, "Dijo el miembro de la asamblea Rob Bonta, autor de la medida, AB 32. Grisel Ruiz, el abogado supervisor del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, predijo que la ley resistiría cualquier desafío legal por parte de la administración Trump o las compañías privadas de prisiones. "Este es un paso en la dirección correcta", dijo Ruiz. "Es audaz, grande y totalmente dentro de los poderes policiales de California hacer esto". Varios eruditos legales constitucionales intervinieron durante las audiencias del proyecto de ley el verano pasado sobre si la prohibición podría aplicarse a las prisiones privadas que albergan prisioneros federales y detenidos de inmigración. El decano de derecho de UC Berkeley, Erwin Chemerinsky, escribió en un análisis del proyecto de ley que los estados tenían amplios poderes para proteger a los ciudadanos y no ciudadanos dentro de sus fronteras. "No creo que esto sea adelantado por la ley federal o que viole cualquier doctrina de inmunidad intergubernamental", escribió Chemerinsky. “Muy importante, California no está regulando el gobierno federal; está regulando las empresas privadas, lo cual está muy dentro de la autoridad constitucional del estado ". Una portavoz de Ice, Paige Hughes, dijo que los abogados del Departamento de Seguridad Nacional aún necesitaban revisar la ley. Pero Hughes agregó: "La idea de que una ley estatal puede obligar a una agencia federal de aplicación de la ley que administra una red nacional de centros de detención es errónea". Hughes dijo que la ley podría hacer que Ice transfiera a los detenidos fuera del estado y lejos de sus familias y abogados. Ruiz dijo que Ice debería liberar a los detenidos inmigrantes en lugar de transferirlos fuera del estado. "Si la alimentación elige trasladar a las personas, los defensores lo verán como un acto de represalia contra California y lucharemos con uñas y dientes para defender a esas personas". The Guardian