SANTIAGO DE CHILE, 19 de noviembre (EFE).- Diputados chilenos de oposición presentaron este martes una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera por su presunta responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en el marco del estallido social.
El documento lleva la firma de parlamentarios del Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA), todas formaciones de izquierda.
La acusación constitucional es un procedimiento contemplado en la ley que faculta a los diputados a iniciar un juicio político contra una autoridad y puede desembocar en la destitución o la inhabilitación para ejercer cargos públicos del acusado.
Para que el mecanismo prospere se requiere la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados -la mitad más uno de los votos- y un respaldo de dos tercios en el Senado.
El diputado socialista Jaime Naranjo admitió que la acusación constitucional probablemente no tiene el respaldo suficiente para prosperar en el Congreso, aunque resaltó que servirá para que Piñera y los próximos presidentes de Chile sepan que el “nunca más” a las violaciones de los derechos humanos “llegó para quedarse”.
El 30 de octubre pasado, la oposición presentó otra acusación constitucional contra el exministro del Interior Andrés Chadwick, el político a cargo de las medidas de orden y seguridad durante los primeros días del estallido, en los que se decretó el estado de emergencia y toques de queda en buena parte del país.
Nuevos enfrentamientos
Nuevos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se registraron este martes en Santiago, un día después de que el estallido social más grave de la historia democrática de Chile cumpliese un mes.
Los violentos choques, en los que los agentes dispararon bombas lacrimógenas y perdigones y los manifestantes lanzaron piedras, se dieron en las calles aledañas a Plaza Italia, una rotonda que ha sido el epicentro de la revuelta social y en la que este martes apenas se concentraron varios centenares de personas.
El INDH, un ente público e independiente, insistió este martes en la urgencia de que el Parlamento apruebe un proyecto de ley para actualizar los protocolos policiales.
El ente ha interpuesto además un total de 384 querellas judiciales, de las cuales casi el 70% son por torturas y abusos policiales, aunque también hay por homicidio y violencia sexual.
La policía chilena anunció este martes que suspendió el uso de perdigones como herramientas antidisturbios, en medio de fuertes cuestionamientos por la composición de esta arma no letal y los más de 200 manifestantes que han resultado con lesiones oculares graves.
“No hay duda” de que existieron violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones sociales que hace un mes golpean a Chile, afirmó este martes Paulo Abrão, secretario de ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).