Zheger Hay Harb
La nota colombiana
En su libro Esperando a los bárbaros, J.M. Coetze describe cómo se fabrica un enemigo: presentando como un peligro a quien no lo constituye, con base en mentiras, hasta cuando los receptores del mensaje reaccionan contra la supuesta amenaza que la creación artificial les ofrece.
Es lo que ha ocurrido con Maduro: sus problemas son frente a su pueblo, es la nación venezolana la que debe responder como considere que debe hacerlo, pero para los colombianos, para el resto de Latinoamérica y el mundo, los peligros no vienen precisamente de allí y si hay amenazas externas no es Venezuela la causante.
Las mentiras en relación con ese tema no son aisladas ni se refieren sólo a él: forman parte de una trama que pretende minimizar graves problemas internos y poner de parapeto una supuesta amenaza externa que sirva como cortina de humo.
El gobierno cada día miente más: ahora resulta que nadie conocía lo que los apuntes de Bolton muy convenientemente dejaron ver: 5,000 soldados de Estados Unidos a Colombia. ¿Amenaza? ¿O promesa de apoyo logístico para una eventual invasión a Venezuela? ¿Y el presidente no estaba enterado? No pretenderán hacernos creer que mostrar a las cámaras su libreta fue un simple descuido. La Casa Blanca dijo que no se han estudiado planes para ubicar tropas en nuestro país pero cuando CNN interrogó sobre el tema dijeron que “todas las opciones están abiertas”. Y el mañoso canciller colombiano dice que no ha sido informado.
Nos está llegando lo “mejorcito” de Estados Unidos con el nombrado enlace entre Estados Unidos y el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Elliot Abrams, ampliamente conocido en Centroamérica por haber orquestado allí golpes de estado y quien luego fue condenado por haber mentido al Congreso de su país sobre el montaje de la operación para armar a los contras de Nicaragua en lo que el narcotráfico jugó un papel fundamental y por lo cual la Corte Internacional de Justicia condenó a Estados Unidos por terrorismo de estado.
El gobierno tampoco informó abiertamente de la visita del Comandante del Ejército Sur de Estados Unidos Marck Stammer. No sabemos si vino como demostración de fuerza o por invitación del gobierno. En tiempos de Santos, si bien cometió el error de bravuconear contra Maduro, había una posición más digna como cuando le dijo a Estados Unidos con relación al combate al narcotráfico que no necesitaba que lo amenazaran para cumplir con su deber. Ahora no hay talanqueras sino obsecuencia.
Tenemos experiencia del comportamiento de tropas estadounidenses en nuestro territorio: soldados acusados de violaciones y de prostitución de menores a quienes luego de ultrajar filmaban para comercializar los videos. También se les ha vinculado en casos de narcotráfico en lo cual estuvo involucrado un alto funcionario de la embajada que enviaba droga en la valija diplomática, benévolamente tratado luego por la justicia de su país.
Alvaro Uribe en su presidencia autorizó la instalación de siete bases de ese país, con lo cual buscaba crear las condiciones para un ataque a Venezuela y sólo la actuación de la Corte Constitucional impidió que se concretara el proyecto luego de que Gustavo Petro realizara debates en el Congreso denunciando ese hecho. La Corte dejó, sin embargo, la posibilidad de que el gobierno firmara autorización posterior pero Santos no lo hizo. En tiempos de Pastrana y Uribe, si uno viajaba a las llamadas zonas de guerra podía ver soldados gringos que vinieron en el marco de la Operación Colombia bajo cobertura del combate al narcotráfico. Ha habido también mercenarios llamados contratistas como los que secuestraron las FARC. Si ahora pretenden sentar bases para atacar a Venezuela deberá mediar la aprobación de los congresos de ambos países. Y en el nuestro deberá revisar la Corte Constitucional.
Las mentiras van más allá de los hechos puntuales: ya se sabe que el escándalo artificial montado en relación con los diálogos con el ELN pretenden colocar a Cuba en una situación imposible para que Estados Unidos nuevamente la catalogue como estado terrorista. Para desconocerlos dicen que los protocolos para devolver a los guerrilleros negociadores eran compromisos del gobierno anterior pero ahora se ha venido a saber que Everth Bustamante, antiguo miembro del M19 y desde hace rato militante de las fuerzas de extrema derecha y ex senador del Centro Democrático, viajó en dos ocasiones a La Habana a entrevistarse con los representantes autorizados de esa guerrilla. Y Angelino Garzón, ex vicepresidente de la República, quien comenzó como sindicalista, pasó por las filas de la UP (de izquierda) y luego se ha acomodado en todos los gobiernos, se entrevistó con los miembros de la Mesa de diálogo para pedirles que no firmaran ninguna negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos, en ese entonces ya en su recta final y que esperaran al nuevo gobierno para negociar con mayores ventajas.
Ahora el gobierno dice que fueron sin su autorización, para negar la evidencia de que mantuvo las conversaciones con la guerrilla y que por tanto los compromisos los obligan. Pero Juan Carlos Cuéllar, ex guerrillero y gestor de paz aceptado por el gobierno actual, ratifica que esos encuentros tuvieron lugar con su anuencia. Garzón, como político sibilino que es, no desmintió a la prensa cuando lo interrogó al respecto sin afirmar pero tampoco poder negar la información.
Surge una pregunta elemental: si ya no tenía ninguna intención de negociar ¿por qué no levantó la mesa?
En el caso de la extradición del ex comandante de las FARC Jesús Santrich las mentiras apuntan a acabar con el proceso de paz y concretamente la Justicia Especial de Paz –JEP-. Esta pidió a Estados Unidos que enviara las pruebas que sustenten la acusación de narcotráfico por la cual lo solicitan en extradición y dio un plazo de 40 días que vencieron ayer para poder decidir.
Pues ahora resulta que Estados Unidos dice que esa solicitud nunca llegó (a pesar de que la embajada aquí está suficientemente informada) y la ministra de Justicia le echa la culpa al correo de que la carta se hubiera extraviado. La incompetente ministra, que no ha podido tramitar exitosamente ningún proyecto en el Congreso, seguramente desconocía que existe una valija diplomática y la envió –si es que lo hizo- por el correo ordinario.
La JEP, asediada por los enemigos de los acuerdos de paz, tendrá que decidir ahora si deja en libertad a Santrich ante la imposibilidad de demostrar su culpabilidad y le permite que se posesione de su curul en el Congreso aún a riesgo de que la llamen castrochavista y encubridora de terroristas y narcotraficantes que es lo que persiguen.