Jorge Gómez Barata
Entre deudas sociales, compromisos políticos, tensiones, caravanas, muros, advertencias, amenazas y realidades internas, México y su flamante gobierno progresista soportan presiones diversas y afrontan situaciones requeridas de coherencia y sobre todo de visión estratégica para planear más allá de la coyuntura.
Una de las dificultades para erradicar las actuales prácticas del comercio humano es que en muchos casos las presuntas “víctimas” pagan a los tratantes de personas. Así ocurre con los norafricanos que tratan de llegar a Europa, con los mexicanos y centroamericanos que con sus magros ahorros o utilizando remesas familiares financian sus arriesgados viajes hacia las fronteras de Estados Unidos, modalidad utilizada también por venezolanos y, últimamente, por cubanos a los cuales se les ha cerrado la vía marítima.
Los flujos migratorios irregulares que utilizan decenas de buques para trasladar emigrantes desde las costas de Africa del Norte a Europa o se organizan en “caravanas” de miles de personas de distintos países que transitan por varios estados y cubren enormes distancias para llegar a las costas de Europa o las fronteras de Estados Unidos, no son eventos espontáneos, sino conducidos por operadores que lucran con el desespero de quienes pugnan por escapar de la situación en que viven y que, en ocasiones utilizan las rutas y las infraestructuras utilizadas por contrabandistas y narcotraficantes.
En estos eventos que, en el caso de México, significan enormes riesgos para la estabilidad social, la economía y la seguridad nacional, pueden estar mezclados delincuentes, elementos corruptos, incluso organizaciones criminales que se aprovechan de la comprensión y la tolerancia del gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador, comprometido con los pobres de Centroamérica, pero también con la lucha contra los traficantes de drogas o personas, contrabandistas y mafias.
Al margen del modo como la administración de los Estados Unidos reacciona frente a hechos en los cuales se mezclan cuestiones migratorias, manipulaciones políticas y acciones delictivas, México donde también se manifiestan actitudes negativas, necesita deslindar la comprensión ante los centroamericanos que huyen de sus realidades con la lucha frente a elementos inescrupulosos que manipulan tales procesos.
En tal sentido, a la vez que planta cara ante Estados Unidos y encara los riesgos de una posición política conscientemente asumida, México necesita neutralizar los elementos negativos que enrarecen los flujos migratorios y los convierten en incontrolables acciones masivas con las cuales resulta difícil lidiar.
Probablemente, mientras negocia con los gobiernos centroamericanos concernidos las medidas pertinentes para lograr que desde tales países circule una emigración racional, segura y ordenada, en ritmos asimilables, sea aconsejable implantar una moratoria que permita regular los descontrolados y desmesurados arribos actuales.
Para Centroamérica y América Latina en su conjunto, México es el proceso políticamente avanzado al que es preciso apoyar. Cualquier manejo de asuntos políticamente sensibles y que pongan en riesgo su estabilidad y su seguridad nacional es malo para todos.