Manuel E. Yepe
Cuando se habla de revoluciones llegadas al poder por la vía pacífica de las urnas, modo que se estuvo reiterando en América Latina en los años finales del Siglo XX y los primeros del Siglo XXI, se podía pensar que las oligarquías de la región habían llegado a comprender que se podría respetar democráticamente la voluntad de las mayorías cuando ésta se expresa por los mecanismos legales establecidos para ello. Nada más ilusorio y falso.
Quizás haya quien crea que -por haber sido los sistemas electorales vigentes forjados a partir del conocimiento y experticia de algunos de los más destacados expertos y valores de la sociedad capitalista en el poder, solo ello bastaba para que el producto de tales circunstancias fuera de sistemas electorales y de gobierno justos y capaces de servir los intereses de todas las clases sociales por igual.
Sin embargo, se ha visto en la práctica que las oligarquías no están dispuestas a respetar las reglas del juego que ellas mismas han diseñado con asesoría de sus protectores del Norte. El caso de Venezuela ilustra plenamente este aserto.
Cualquiera advierte que, por mucho que se ha esforzado la revolución bolivariana por transitar un camino pacífico sin renunciar a sus objetivos esenciales, los obstáculos que plantea la oligarquía distan mucho de ser razonables y respetuosos de las normas legales vigentes.
A diferencia de la revolución cubana, en la que la vanguardia revolucionaria derrocó por medio de una lucha armada, guerrillera y clandestina, con decisivo apoyo de las masas, a una tiranía que concitó el rechazo popular, en Venezuela la vanguardia llegó al poder por la vía electoral.
La diferencia fundamental entre ambas vías, en lo que respecta a las posibilidades de ejecución de los propósitos revolucionarios, está en que, por la primera vía, la oligarquía resulta despojada de sus instrumentos esenciales de dominación casi al momento de la toma del poder por el pueblo y por la segunda, no es así.
La revolución bolivariana encabezada por Hugo Chávez Frías devino una confrontación entre una oligarquía amenazada, derrotada y vengativa, de una parte, y un pueblo que estuvo antes deliberadamente fragmentado para ser explotado, que pasó a luchar por la justicia y su bienestar, respaldando a su líder.
No obstante las características del escenario en que se libró el duelo, aun dominado por las reglas del consumismo y el capital, y con la mayor parte de los medios en manos contrarrevolucionarias, el gobierno de la revolución ha ratificado una y otra vez su voluntad pacífica, apelando reiteradamente a mecanismos de consulta democrática sin precedentes por su transparencia y su frecuencia en Venezuela o en cualquier otra nación del mundo.
Ni siquiera por las reiteradas violaciones de las reglas del juego en que ha incurrido la opulenta oligarquía, que ha llegado incluso a liarse en intentos de golpes de estado y hasta de magnicidio, la revolución ha renunciado a su conducta transparente.
Comoquiera que en la docena de consultas comiciales previas la mayoría de los votantes había respaldado la propuesta chavista, el reconocimiento oficial del resultado estrechamente negativo del referendo acerca de las modificaciones propuestas por el gobierno del presidente Chávez a la Constitución, ha confirmado la eticidad de la revolución bolivariana.
Se ha evidenciado el contraste en la falta de ética con que ha actuado la oposición manipulada por lo peor del imperio en cada ocasión en que ha sido derrotada.
Varios triunfos por la vía del voto, sin dudas, aportaron a la revolución venezolana el marco legal para la socialización de los sectores estratégicos de la sociedad y las demás transformaciones del sistema político que constituyen base propicia para el paso efectivo del poder a manos del pueblo.
Pero las maniobras de las cúpulas de los partidos políticos tradicionales y algunas nuevas formaciones de la derecha, con apoyo de los rectores de las universidades privadas, los grupos estudiantiles de la derecha, algunos militares retirados, las ONG financiadas por el gobierno estadounidense, tomaron parte tan ampliamente en las reiteradas consultas realizadas por el sistema electoral venezolano actual que éste ganó prestigio de ejemplar a nivel mundial. El cuartel general de la conspiración contra cada consulta electoral funcionó siempre en la sede de la embajada de Estados Unidos en Caracas.
Sabiéndose perdidos en cualquier consulta verdaderamente honesta, los planes conspirativos para hacer frente a la variante de un triunfo del chavismo han tenido siempre como colofón de su revancha una insurrección armada contra del gobierno que propicie la intervención militar yanqui que a su vez provocaría, sin dudas, una guerra de grandes proporciones contra el invasor, de alcance continental y efectos globales.