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Jorge Visbal Martelo, quien durante 13 años dirigió Fedegán, el gremio de los ganaderos, acaba de pedir pista en la Justicia Especial de Paz –JEP- con el propósito único, como al parecer está ocurriendo con todos los militares y terceros que concurren a ese tribunal, de obtener la libertad condicional y rebaja de pena.

La justicia transicional, tal como fue diseñada en el Acuerdo de Paz, tiene como propósito abrir una senda hacia la reconciliación mediante la reparación a las víctimas, la reincorporación a la democracia de quienes participaron en el conflicto armado y la garantía de que no se repitan los hechos dolorosos que esta larga guerra ha dejado en la vida nacional.

Ello implica que quienes se sometan a ella digan TODA la verdad como parte de la reparación a las víctimas y que, a cambio, quienes participaron en los crímenes de guerra puedan incursionar en política en los espacios democráticos para que cambiemos las armas por el diálogo. Esa verdad debe comprender los homicidios, torturas y demás crímenes atroces y, de manera muy importante, la usurpación de las tierras a los campesinos y su devolución como parte de la compensación a que tienen derecho y la reactivación del campo.

Pero estamos viendo, en los casos de varios militares ya condenados en la justicia ordinaria por falsos positivos y en los de civiles que participaron directa o indirectamente en los hechos de guerra, que dicen que su propósito es “limpiar su nombre” porque no son culpables. Todos han recibido de inmediato el beneficio de la libertad condicional, tal como está estipulado, para el caso de quienes hayan cumplido cinco años o más de detención en establecimiento carcelario o en prisión domiciliaria.

Todos ya han sido condenados en la justicia ordinaria, por jueces independientes y con base en pruebas, pero ya vemos venir, en caso de que la JEP no tenga otra alternativa que condenarlos con base en la misma información que llevó a sus condenas anteriores, la avalancha de la caverna diciendo que es persecución política porque ese tribunal es de las FARC.

Los mismos que, encabezados por el ex presidente Uribe, acusan de impunidad al acuerdo de paz, ahora exigen que cuando los suyos acudan a la justicia que allí se pactó, sean exonerados. Es decir, buscan la impunidad que de ninguna manera puede predicarse de ese pacto de reconciliación.

Igual ocurre con la extradición: mientras exigen que el ex comandante de las FARC Jesús Santrich sea extraditado, sin aceptar que antes deba probarse que el delito por el que se le acusa –si lo cometió- haya sido perpetrado después de la firma del acuerdo, único caso en el cual aplicaría la extradición, pero en cambio hacen todo lo posible para que a cualquier costo, así sea el de violar la ley, el hijo amado de Uribe, preso en Estados Unidos, no sea extraditado a Colombia, como ya aprobó una Corte de ese país, a la cual difícilmente podrán tildar de castrochavista como califican todo lo que huela a paz.

El caso de Visbal Martelo tiene repercusiones especiales porque el gremio que dirigió sigue siendo cuestionado por alianzas con el paramilitarismo. Actualmente es conducido por José Félix Lafourie, esposo de una de las alfiles de Uribe, caracterizada por posiciones tan retardatarias que la llevan a caer en el ridículo. Este señor está bajo sospecha por esas mismas conexiones, pero además por desfalco del Fondo Nacional del Ganado cuyo manejo le fue retirado en 2016 por el Ministerio de Agricultura siguiendo órdenes de la Fiscalía General, la Procuraduría General y la Contraloría General de la República, lo cual no fue óbice para que Duque lo aceptara como miembro destacado de su campaña a la presidencia de la República así como su candidato a la Contraloría -que en buena hora perdió- y luego le devolviera el manejo de Fedegan.

Contra Visbal han declarado varios de los principales ex jefes paramilitares asegurando que tenían una alianza en donde el ganadero les avisaba dónde necesitaba que le quitaran de encima a los guerrilleros, los financiaba con ese fin y las bandas criminales realizaban las masacres de campesinos indefensos (porque nunca combatieron a la guerrilla). Esos eran los mandados que las autodefensas le hacían al jefe del gremio ganadero.

Al parecer, si se miran los cuestionamientos a su sucesor Lafourie, esa alianza no desapareció con la salida y luego condena de Visbal sino que éste muy entusiastamente tomó el relevo. Cuando estaba en su campaña para la Contraloría, congresistas de la oposición le preguntaron por su alianza con José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS (inteligencia nacional), condenado por concierto para delinquir y el asesinato del humorista político Jaime Garzón. Siguiendo el ejemplo de su jefe Uribe, respondió: siguiente pregunta. De esa manera creen que van a poder manejar la obligación de decir la verdad en la JEP.

Este tribunal de justicia transicional ha debido resistir los ataques permanentes del gobierno nacional y del de Estados Unidos por los tres temas que más escozor les producen: glifosato, extradición en general y la del ex jefe guerrillero Jesús Santrich. La JEP ha respondido que no actúa de acuerdo con las presiones y que mantiene su independencia. Veremos cómo arreciarán los ataques cuando les exija a quienes creen que esa justicia es un recreo, que cumplan con el deber de aceptación de los hechos de que son culpables.

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