Pedro Díaz Arcia
Hay dos elementos que considero deben priorizarse al analizar la avalancha de ataques de odio en Estados Unidos: el racismo y la xenofobia, promovidos por un discurso reiterativo del presidente Donald Trump y sus principales socios; y la falta de regulaciones a la Segunda Enmienda de la Constitución, de diciembre de 1791, que consagra el derecho de los estadounidenses a poseer y portar armas, y de la que se aprovechan la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y sus protegidos.
Por este tipo de violencia han muerto 8,747personas, de distinto género y edades, y más de 17,000 heridos. Los actos genocidas traen de vuelta el debate sobre el control de armas.
En abril de este año, Trump habló en la convención de la NRA, que aportó unos 70 millones de dólares a su contienda presidencial en 2016. La asamblea se desarrolló entre denuncias de chantaje, derroche y acoso sexual. El controvertido ex coronel Oliver North, célebre por su papel clave en el caso Irán-Contra, que presidía la NRA, fue acusado por su director ejecutivo, Wayne LaPierre, por intentar extorsionarlo. Y aunque North renunció a ser reelecto, y LaPierre fue ratificado, los graves problemas no se han resuelto.
Pocos días después, el presidente tuiteó al lobby “Vuelvan a ser grandes”. “Basta de peleas internas”, agregó. Tanto para la NRA como para el magnate una derrota relativa a la Segunda Enmienda, determinada por regulaciones, sería inaceptable, quizá fatal.
Expertos consideran que la Asociación no está en condiciones para brindar al mandatario el soporte financiero y publicitario de la contienda precedente. Además, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, inició una investigación tras recibir acusaciones de irregularidades. Legalmente, la Fiscalía General neoyorquina tiene autoridad para obligar a la disolución de la NRA o a que devuelva los fondos obtenidos de manera ilícita. Algo muy difícil en mi opinión, pues existen enormes obstáculos en la vía. Por supuesto, Trump arremetió contra la pesquisa.
Me arriesgo a pensar que las agresiones no son fortuitas, sino que responden a un patrón que persigue atemorizar a la ciudadanía; en particular a los hispanos, que podrían inclinar la balanza en favor de un candidato o candidata demócrata.
Lamentablemente, hasta ahora, las masivas condenas a estos ataques han sido como fiebres pasajeras. Mientras se estima que hay más armas en manos de la población que ciudadanos; pero no se va al fondo del problema. Legisladores demócratas exigen que la Cámara Alta detenga su recreo vacacional y sesione para implementar normativas.
En tanto, avanza la política del terror para evitar congregaciones de afines, que no soporten los supremacistas. Incluso como una advertencia de lo que serían capaces de hacer ante una fila de votantes en sitios en que prevalezcan los opositores al mejor dictador que haya tenido jamás la “democracia representativa”.
Trump no se ha referido a la causa real de las masacres y sueña con declarar dementes a los asesinos y que le creamos.
No rechazo la idea de que pasado el movimiento telúrico, si es que pasa, arremeta contra México por el valor de presentar una demanda internacional para esclarecer los hechos; entre otras acciones, que incluye un encuentro entre autoridades de los países de habla hispana con comunidades en Estados Unidos para promover la defensa correcta de sus connacionales basado en la Ley de Derechos y Cultura de Habla Hispana de ese país.