Por Alfredo García
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El ministro de Asuntos Exteriores de Filipinas, Teodoro Locsin, comunicó el pasado martes al gobierno de Estados Unidos por orden del presidente, Ambrosio Duterte, el fin del Acuerdo de Fuerzas Visitantes (VFA por sus siglas en inglés) de 1999, que brinda cobertura legal para la entrada de tropas norteamericanas en Filipinas a realizar maniobras militares conjuntas.
Sin embargo, se mantiene el Acuerdo de Defensa Mutua del año 1951, que establece el apoyo de ambas naciones si Filipinas o EE.UU. son atacados por una fuerza externa.
La decisión de Duterte es “consecuencia de una serie de medidas legislativas y ejecutivas del gobierno estadounidense, que suponen un asalto a nuestra soberanía y una falta de respeto a nuestro sistema judicial”, explicó el vocero presidencial, Salvador Panelo.
El autoritario presidente filipino había amenazado el pasado 24 de enero, con suspender el VFA tras trascender que el gobierno norteamericano había revocado la visa de EE.UU. al senador Ronald Dela Rosa, jefe de la policía entre julio de 2016 y abril de 2018, conocido como el “cerebro” de la guerra contra las drogas.
La cancelación de la VFA afecta a más de 300 ejercicios conjuntos de entrenamiento anuales así como ayuda financiera. Entre 2016 y 2019, EE.UU. aportó a Filipinas más de 500 millones de dólares en ayuda de seguridad. Después del anuncio cancelando el VFA, el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU. Robert O Brien declaró: “Queremos relaciones excelentes con Filipinas y vamos a trabajar para ello”.
La relación histórica entre EE.UU. y Filipinas, tiene un origen siniestro. Como parte del botín obtenido en la guerra hispano-americana, Filipinas fue una de las primeras colonias en ultramar del naciente imperialismo norteamericano.
La colonia española había aumentado su valor por la reorientación de las inversiones de España, temerosa por la guerra de independencia en Cuba y la adquirida estratégica posición por la construcción del canal de Suez, que acortaba la distancia entre España y Filipinas. En 1895 una insurrección independentista estimulada por la insurgencia cubana, puso en jaque el dominio colonial español.
La lucha por la liberación nacional liderada por el general Emilio Aguinaldo tuvo una pausa en 1897 con la firma de un frágil acuerdo de paz, que llevó al liderado rebelde al exilio en Hong Kong.
Al estallar la guerra hispano-americana, Aguinaldo regresó a Filipinas con un acuerdo de apoyo de EE.UU. y reinició la insurrección, derrotando a las fuerzas españolas.
En mayo de 1898, al calor de la guerra contra España, EE.UU. invadió Filipinas. Un mes después, Aguinaldo confiado en el apoyo de EE.UU., proclamó la independencia designado presidente de la naciente república. Sin embargo, al ignorar EE.UU. el acuerdo, Aguinaldo dirigió la guerra contra los invasores norteamericanos, conflicto armado que se mantuvo hasta 1913.
Al genocidio humano de EE.UU., influido por la doctrina de exterminio contra los pueblos autóctonos de EE.UU., siguió el genocidio cultural con la anexión de Filipinas en 1935 bajo el estatuto de “Estado Libre Asociado”.
Durante la II Guerra Mundial, Filipinas fue invadida por Japón. La valiente lucha popular contra la ocupación japonesa, obligó a EE.UU. a declarar su independencia el 4 de junio de 1946, no sin antes dejar atada a su excolonia con leoninos acuerdos militares, financieros y comerciales que duran hasta nuestros días.
Con una centenaria relación marcada por el racismo y el colonialismo, las tensiones entre el gobierno filipino y el norteamericano surgidas a raíz de la decisión del presidente Duterte de mejorar sus relaciones diplomáticas y comerciales con China y Rusia, aumentaron con una resolución del Senado de EE.UU., que exige sanciones para los funcionarios filipinos implicados en “violaciones de derechos humanos y abusos en la guerra contra las drogas”.