La administración del presidente Donald Trump anunció el arranque de una polémica obra en el Ala Este de la Casa Blanca: un salón de baile de 90 mil metros cuadrados, financiado en su totalidad por 300 millones de dólares en donaciones privadas provenientes de grandes corporaciones tecnológicas y magnates estadounidenses.
Entre los patrocinadores figuran nombres clave como Amazon (Jeff Bezos), Apple, Meta (Mark Zuckerberg), Google, Microsoft (Bill Gates) y Gemini.
También se encuentran personajes del ámbito financiero como Konstantin Sokolov, el empresario petrolero Harold Hamm y la pareja formada por Kelly Loeffler y Jeff Sprecher, este último director de Intercontinental Exchange, propietario de la Bolsa de Nueva York.
Un proyecto en medio de controversia
La construcción comenzó esta semana, con maquinaria pesada demoliendo parte del ala este de la Casa Presidencial.
Durante una cena reciente en la Casa Blanca, Trump bromeó con los asistentes diciendo que “este es el precio de tener acceso al presidente” y aseguró que “la obra no le costará un centavo al pueblo estadounidense”.
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El diseño ha sido encargado a la firma McCrery Architects, que respetará el estilo neoclásico original del complejo.
Reacciones y oposición al proyecto
El Fideicomiso Nacional para la Preservación Histórica lanzó un llamado urgente para detener la obra, argumentando que no se han cumplido los procesos legales de revisión pública requeridos para intervenir un edificio histórico.
La polémica también se ha intensificado porque la construcción se realiza en una zona de alto valor histórico: el Ala Este fue edificada en 1902 durante la presidencia de Theodore Roosevelt y ampliada por Franklin D. Roosevelt en 1942, quien añadió un búnker subterráneo.
Benjamín León, donador y nuevo embajador
Otro de los nombres relevantes en la lista de donantes es Benjamín León, empresario de origen cubano, quien el mismo día del anuncio fue confirmado como embajador de Estados Unidos en España, tras haber sido propuesto por Trump a inicios de 2025.
Este proyecto ha generado fuertes críticas por el uso del poder presidencial para obtener financiamiento privado, la falta de transparencia en el proceso legal y el simbolismo que representa transformar un edificio histórico con fines sociales exclusivos.
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