El Poder Judicial de Perú ordenó este jueves la captura y prisión preventiva por cinco meses de Betssy Chávez, exprimera ministra del país sudamericano, bajo el argumento de peligro de fuga. La decisión fue emitida por el juez supremo Juan Carlos Checkley, quien sostuvo que la imputada ha incumplido con su obligación de asistir a las audiencias judiciales y al control biométrico.
Actualmente, Chávez permanece bajo asilo político en la residencia de la Embajada de México en Lima, desde donde es juzgada por su supuesta participación en el fallido autogolpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
México y Perú, en tensión diplomática
Aunque el primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, descartó que el gobierno irrumpa en la sede diplomática mexicana —aludiendo respeto al derecho internacional—, también advirtió que su país denunciará a México por presunta injerencia, atribuyendo esta situación a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Cabe recordar que México otorgó asilo a Chávez hace dos semanas, lo que provocó que el gobierno de transición peruano, liderado por José Jerí, rompiera relaciones diplomáticas bilaterales, mismas que ya se encontraban debilitadas desde 2023 tras el desconocimiento de la legitimidad de Dina Boluarte por parte del gobierno mexicano.
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Contexto legal y político
Betssy Chávez había sido detenida en 2023, pero recuperó su libertad en septiembre tras una resolución del Tribunal Constitucional, que declaró ilegal su encarcelamiento por no haberse solicitado la extensión de la prisión preventiva.
La Fiscalía peruana pide 25 años de prisión por el delito de rebelión, y aunque Chávez solicitó salvoconducto para salir del país, el Ejecutivo lo ha condicionado a discusiones en la OEA sobre posibles reformas a la Convención de Caracas, argumentando un uso político indebido del asilo por parte de México.
Un juicio con implicaciones regionales
La decisión judicial no solo profundiza la crisis institucional interna en Perú, sino que también escala la tensión diplomática con México, al reabrir el debate sobre los límites del asilo diplomático y los principios de no intervención en América Latina.
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