El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia anuló este miércoles la sentencia de diez años de prisión impuesta a la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), quien llevaba cuatro años y ocho meses encarcelada por el proceso judicial conocido como “golpe de Estado II”.
La decisión marca un giro significativo en uno de los casos más polémicos de la historia reciente del país, vinculado a los hechos de la crisis política y social de 2019, cuando Áñez asumió la presidencia tras la renuncia de Evo Morales en medio de denuncias de fraude electoral y protestas masivas.
Una sentencia anulada tras más de cuatro años de prisión
Áñez fue detenida en marzo de 2021 acusada de haber asumido la presidencia de manera irregular y de incumplir deberes constitucionales.
En junio de 2022 fue condenada a diez años de prisión por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además de abuso de poder.
Con la resolución del Tribunal Supremo, la causa deberá regresar a instancias inferiores para un nuevo análisis jurídico, lo que implica que la expresidenta podría continuar el proceso en libertad mientras se revisa el expediente.
Noticia Destacada
Presidente de Perú confirma rompimiento de relaciones diplomáticas con México
La defensa de Áñez celebró el fallo como “un acto de justicia” y señaló que la sentencia original “fue producto de persecución política”. En contraste, sectores afines al Movimiento al Socialismo (MAS) criticaron la decisión y advirtieron que “se está debilitando la lucha contra el golpe de Estado de 2019”.
Contexto del caso y repercusiones políticas
El caso “golpe de Estado II” ha sido uno de los más controvertidos en Bolivia, pues para el oficialismo, Jeanine Áñez llegó al poder mediante una ruptura del orden constitucional, mientras que la oposición defiende que su gobierno fue una transición legítima tras la salida de Morales.
La anulación de la sentencia podría reconfigurar el panorama político del país y abrir un nuevo debate sobre la independencia judicial y la instrumentalización de la justicia con fines partidistas.
Organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado en el pasado su preocupación por el debido proceso y las condiciones de detención de la exmandataria.
Con este fallo, el Tribunal Supremo de Justicia pone en pausa una causa que dividió profundamente a Bolivia y que podría marcar un nuevo capítulo en la búsqueda de justicia y reconciliación política.
SÍGUENOS EN GOOGLE DISCOVER: DA CLICK AQUÍ
IO
