Human Rights Watch (HRW) advirtió que la estrategia de control migratorio de la administración de Donald Trump tiene un efecto directo en la seguridad pública de Estados Unidos, al desincentivar que personas indocumentadas colaboren con la justicia.
Según la organización, las “tácticas agresivas” de detención y persecución migratoria están minando programas pensados para proteger a víctimas de delitos graves, en particular la visa U, figura clave para que las personas denuncien sin temor a la deportación.
En su informe, HRW sostiene que cambios en las directrices del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), como permitir arrestos en tribunales, hospitales o centros de salud —espacios que históricamente se consideraban seguros—, han generado un clima de miedo entre las comunidades indocumentadas.
Ese temor, advierte, lleva a muchas víctimas a evitar tribunales, a no pedir órdenes de protección y a desistir de denunciar agresiones, incluso en casos de violencia doméstica, agresiones sexuales o trata de personas.
Visa U: herramienta clave bajo presión
La visa U fue creada en el año 2000 para ofrecer una vía de protección migratoria a víctimas de delitos graves que colaboran con las autoridades, al tiempo que fortalece la capacidad de policías y fiscales para investigar y procesar agresores.
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El programa exige que las víctimas demuestren daños físicos o psicológicos sustanciales y que cooperen con la investigación o el proceso penal.
HRW subraya que, aunque el cupo anual es limitado y los trámites suelen ser largos, la visa U sigue siendo una de las pocas herramientas que permite a personas indocumentadas denunciar delitos sin poner en riesgo inmediato su estancia en el país.
El endurecimiento del enfoque migratorio y el uso de redadas en espacios sensibles, según la organización, envían el mensaje contrario: que cualquier contacto con autoridades puede derivar en detención y deportación, incluso si la persona es víctima.
“Políticas que generan miedo” y testimonios en primera línea
El equipo de HRW documentó decenas de testimonios de funcionarios, abogadas de inmigración, activistas y víctimas, que coinciden en un punto: el miedo a ICE está pesando más que la necesidad de denunciar.
Organizaciones locales reportan casos de mujeres que soportan violencia doméstica durante años, o que solo se atreven a acudir a la Policía cuando tienen acceso a información y acompañamiento sobre la visa U y otras protecciones.
La organización recuerda que el programa no se limita a violencia doméstica o sexual: cubre más de dos decenas de delitos, como trata de personas, robos, crímenes de odio y agresiones graves. Además, incorpora salvaguardas para evitar denuncias falsas, lo que lo convierte en un instrumento central para la política criminal y de derechos humanos en Estados Unidos.
Un debate migratorio que también toca al talento altamente calificado
El informe de HRW se publica en medio de un debate más amplio sobre migración en Estados Unidos, que abarca desde las visas humanitarias hasta los programas para trabajadores altamente calificados.
Mientras la administración Trump impulsa una agenda de endurecimiento en la frontera y en el interior del país, voces del sector tecnológico, como Elon Musk, han defendido la importancia de mantener vías legales como la visa H-1B para atraer talento y sostener la competitividad económica, al tiempo que piden corregir abusos de algunas empresas.
Esta tensión entre control migratorio, protección a víctimas y captación de talento extranjero mantiene a millones de personas —desde sobrevivientes de violencia hasta profesionales altamente calificados— atrapadas en un escenario de incertidumbre jurídica y política.
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