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Internacional

FBI detiene a jueza en Wisconsin por presunta obstrucción en captura de migrante mexicano

El FBI detuvo a la jueza Hanna Dugan en Wisconsin por presunta obstrucción en la captura de un migrante mexicano. El caso tensa aún más la relación entre el Gobierno de Trump y el Poder Judicial.
Hasta el momento, los cargos específicos contra la jueza Hanna Dugan no han sido divulgados
Hasta el momento, los cargos específicos contra la jueza Hanna Dugan no han sido divulgados / Especial

La crisis migratoria en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo este viernes, cuando agentes del FBI detuvieron a Hanna Dugan, jueza de un tribunal de primera instancia en Wisconsin, por presuntamente obstruir la captura de un migrante mexicano en una corte estatal.

La información fue difundida inicialmente por el director del FBI, Kash Patel, a través de una publicación en la red social X, donde acusó a Dugan de haber "desviado intencionalmente a los agentes federales" que buscaban detener a Eduardo Flores Ruiz.

Aunque Patel borró su mensaje poco después, la detención fue confirmada por medios locales, que indicaron que la jueza permanece bajo custodia federal.

Hasta el momento, los cargos específicos contra Dugan no han sido divulgados. Sin embargo, su arresto representa una escalada significativa en el enfrentamiento entre el Gobierno de Donald Trump y el Poder Judicial por las controvertidas políticas migratorias actuales.

El organismo advierte que dichos pactos podrían estar facilitando la externalización del control fronterizo por parte de Washington hacia territorio mexicano

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Este conflicto se da en un contexto de creciente tensión: varios jueces federales han bloqueado acciones del Gobierno encaminadas a acelerar deportaciones.

Una de las medidas más polémicas es la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII para justificar la detención de migrantes, en su mayoría venezolanos, y su envío a una megacárcel en El Salvador.

Organismos como Human Rights Watch han denunciado que estas deportaciones masivas constituyen casos de "desaparición forzada", mientras que investigaciones periodísticas sostienen que la mayoría de los deportados carecen de antecedentes penales.

Pese a las críticas, la administración Trump sostiene que los expulsados tienen vínculos con pandillas como la Tren de Aragua y MS-13, ahora consideradas "grupos terroristas" por Washington.

Como parte de un acuerdo secreto con el presidente salvadoreño Nayib Bukele, Estados Unidos paga 6 millones de dólares anuales para sostener el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde son recluidos los migrantes.

El caso de la jueza Dugan añade más presión al ya tenso debate sobre inmigración y derechos humanos en la actual administración estadounidense.

IO

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