La organización Human Rights Watch (HRW) ha acusado a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador de la desaparición forzada y detención arbitraria de más de 200 venezolanos deportados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Los deportados fueron enviados el 15 de marzo de 2025 bajo la administración del presidente Donald Trump, en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa raramente utilizada que permite la detención de ciudadanos extranjeros durante tiempos de guerra.
De acuerdo con HRW, los venezolanos permanecen incomunicados desde su traslado, sin que sus familiares hayan recibido información sobre su paradero o condiciones de detención.
La directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, calificó la situación como una grave violación del derecho internacional de los derechos humanos y exigió a ambos gobiernos que revelen la identidad de los detenidos y justifiquen legalmente su encarcelamiento.
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Las deportaciones han generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y familiares de los afectados, quienes denuncian la falta de transparencia y el uso de criterios arbitrarios para identificar a presuntos miembros de bandas criminales, como tatuajes comunes o características físicas.
Además, se ha informado que muchos de los deportados no tienen antecedentes penales en Estados Unidos.
El gobierno de El Salvador, por su parte, no ha proporcionado información sobre los detenidos ni ha respondido a las solicitudes de HRW. La situación ha sido comparada con la prisión de Guantánamo, debido a las condiciones de detención y la falta de acceso a procesos legales adecuados.
HRW insta a la comunidad internacional a presionar a ambos gobiernos para que respeten los derechos humanos de los detenidos y garanticen su acceso a representación legal y contacto con sus familias.
IO
