En un fallo que marca un giro en la política migratoria de Estados Unidos, la Suprema Corte de Justicia avaló parcialmente la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que busca negar la ciudadanía a los hijos de personas indocumentadas nacidos en territorio estadounidense.
Con una votación de 6 a 3, la mayoría conservadora de los magistrados determinó que los jueces federales excedieron su facultad al bloquear a nivel nacional la aplicación de la polémica medida, sin entrar aún al fondo del debate sobre la constitucionalidad de modificar el alcance de la 14ª Enmienda, que garantiza la ciudadanía por nacimiento.
El fallo implica que, por ahora, 28 estados, en su mayoría de tendencia republicana, podrán implementar la negativa de ciudadanía a hijos de migrantes sin estatus legal, mientras que 22 estados demócratas podrán seguir otorgándola.
Esta situación podría detonar una nueva ola de litigios en los tribunales inferiores y deja el tema abierto para ser resuelto de manera definitiva en futuras sesiones de la Corte.
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Trump celebró la decisión a través de su red social Truth Social, calificándola como un “gran triunfo” y afirmando que “el fraude del derecho a la ciudadanía ha sido golpeado, aunque sea indirectamente”.
Sin embargo, expertos constitucionalistas advirtieron que la batalla legal apenas comienza. La especialista Deborah Perlstein explicó que el fallo abre la puerta a múltiples demandas colectivas que deberán ser resueltas en los tribunales antes de que la Suprema Corte emita un veredicto definitivo sobre el tema.
De acuerdo con el Pew Research Center, alrededor de 4 millones de niños nacidos en Estados Unidos tienen padres indocumentados, de los cuales aproximadamente la mitad son de origen mexicano, lo que convierte a esta comunidad en la más afectada por la medida.
El impacto será particularmente severo en estados como Texas y Florida, donde reside gran parte de esta población.
Mientras tanto, la Casa Blanca y los líderes republicanos consideran que este fallo fortalece su agenda migratoria, mientras que activistas y defensores de derechos humanos alertan sobre un futuro incierto para miles de familias.
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