El Gobierno de Perú reiteró que no contempla ingresar por la fuerza a la residencia de la Embajada de México en Lima para detener a la exprimera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada tras ser condenada a más de 11 años de prisión por su vinculación con el fallido intento de golpe de Estado de 2022 encabezado por el expresidente Pedro Castillo.
El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, subrayó que esta postura ha sido firme desde que se conoció la decisión del gobierno mexicano de otorgar asilo a Chávez.
En declaraciones a medios, el canciller enfatizó que la opción de irrumpir en la sede diplomática mexicana “no está en consideración”, al descartar cualquier acción que vulnere el derecho internacional.
Perú marca distancia del precedente de Ecuador
De Zela recordó que, desde un inicio, el Ejecutivo peruano rechazó replicar el antecedente ocurrido en 2024, cuando el gobierno de Ecuador ordenó el ingreso a la Embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas.
Ese episodio generó una crisis diplomática regional y fuertes cuestionamientos por la violación a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.
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En el caso peruano, el canciller insistió en que el respeto a las normas internacionales es un eje central de la política exterior, incluso en un contexto de desacuerdo con la decisión mexicana de conceder asilo.
Ruptura diplomática y papel de la OEA
Tras el asilo otorgado a Betssy Chávez, Perú rompió relaciones diplomáticas con México a todo nivel y aceptó que Brasil asumiera la protección de las sedes mexicanas en territorio peruano. De Zela explicó que el conflicto ahora se encuentra en una fase de consultas internacionales.
En ese marco, señaló que durante una visita reciente a Washington dialogó con representantes de distintos países ante la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la aplicación de la Convención de Caracas de 1954, que regula el asilo diplomático.
El Gobierno peruano considera que México desvirtuó esta figura al otorgarla a una persona condenada por delitos que califica como comunes, y no por persecución política.
Salvoconducto, punto clave del conflicto
El Ejecutivo peruano ha condicionado la entrega del salvoconducto que permitiría a Chávez viajar a México al resultado de estas consultas en la OEA. Aunque la Convención establece que el Estado asilante tiene la facultad de calificar la naturaleza del delito, Perú mantiene su rechazo a la narrativa de persecución política.
Betssy Chávez fue sentenciada a 11 años y 5 meses de prisión por conspiración para la rebelión, al ser considerada cómplice del mensaje de Pedro Castillo del 5 de diciembre de 2022, cuando intentó cerrar el Congreso y controlar el Poder Judicial.
El episodio marcó uno de los momentos más críticos de la política peruana reciente y sigue teniendo repercusiones diplomáticas en la región.
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