GINEBRA, Suiza, 19 de noviembre (SinEmbargo/EFE/EL UNIVERSAL).- El Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas lamentó hoy que persista “una situación de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio” de México y que “imperen la impunidad y la revictimización”.
En el informe final divulgado al término de una sesión en la que examinó la situación en México –junto con la de otros dos países–, el Comité critica que no existan datos confiables sobre desapariciones forzadas y que las condenas sean escasas en el país latinoamericano.
Asimismo, afirma que el alto número de cadáveres sin identificar y de fosas clandestinas sin atención constituyen una “emergencia” que las autoridades deben atender.
El órgano de la ONU considera también que hay obstáculos para la participación de las víctimas y sus organizaciones en los mecanismos oficiales de búsqueda e investigación, así como para que obtengan verdad, justicia y reparación integral.
La existencia del Grupo de Trabajo para la Identificación Humana de México es a todas luces insuficiente debido a que escasean los servicios forenses capaces de acompañar los procesos que deberían conducir a exhumaciones e identificaciones, según han concluido los expertos del Comité.
Asimismo, en el informe se pide a las autoridades mexicanas que pongan rápidamente operativo el Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas, el Banco Nacional de Datos Forenses y el Registro Nacional de Fosas.
Se recomienda “fortalecer a las fuerzas civiles del orden y establecer un plan de retiro gradual, ordenado y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”.
En otro apartado de su informe, el Comité lamenta no haber podido realizar la visita de trabajo a México que planteó al gobierno en 2013 y sobre la que ha insistido sin éxito.
Por ello, aprovechó este informe para pedir al actual gobierno que dé su consentimiento para que esa misión pueda realizarse.
Se observan variados obstáculos para la implementación de la participación efectiva de las víctimas y sus organizaciones, en particular en los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación, y la existencia de obstáculos estructurales para el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral”.
El CED recomendó fortalecer los servicios forenses y periciales con la creación de un mecanismo internacional de asistencia técnica forense en conjunto con las víctimas, las organizaciones especializadas y otras entidades relevantes con el objetivo de identificar los cadáveres y restos óseos pendientes; además, instó a avanzar en la creación de una Fiscalía General de la República que sea autónoma e independiente y se garanticen investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales.
Alistan iniciativa para crear Guardia Nacional
Mientras tanto, el coordinador del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró que este martes presentarán la iniciativa para reformar la Constitución con el objeto de crear la Guardia Nacional que planteó el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su nueva estrategia de seguridad.
“Mañana vamos a presentar la iniciativa en el pleno, son varios artículos constitucionales que tienen que modificarse para adecuar la Guardia Nacional a lo que va a ser, una nueva institución encargada de la seguridad pública”, aseguró en entrevista previo a la presentación de la iniciativa Memoria Histórica y Cultural de México en el Archivo General de la Nación.
Delgado Carrillo explicó que la Guardia Nacional será auxiliar del Ministerio Público. “Va a quedar claro pues que la actuación de la Guardia Nacional, como son labores de seguridad pública pues están en el ámbito de lo civil, por lo tanto su actuación pública será dentro del fuero civil”, aseguró.
También, dijo que se va a garantizar que ningún detenido por la Guardia Nacional en sus actividades pueda ser llevado a instalaciones militares. “Para poder integrar la Guardia Nacional, todos aquellos que deseen hacerlo y que se trasladen de la Policía Militar y Policía Naval y Policía Federal, tendrán que cumplir exámenes de ingreso y de permanencia, y habrá una preparación especial en materia de uso de la fuerza y de derechos humanos”.
Delgado rechazó con la estrategia del futuro gobierno se busque “militarizar” al país, sino por el contrario. “Esto que se dice, que es una militarización, no, al contrario, es crear la Guardia Nacional para empezar la desmilitarización del país”.
El grupo de 10 expertos independientes de la ONU pide continuar fortaleciendo “el contenido del Protocolo Homologado para la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Cometida por Particulares, tomando en consideración los insumos de las víctimas, personas defensoras de los derechos humanos, órganos de derechos humanos y de todas las autoridades involucradas tanto en la investigación como en la búsqueda; asegurar que, cuando haya motivos razonables para creer que una persona desapareció en relación con la comisión de un delito, no se descarte la hipótesis de desaparición forzada o de desaparición cometida por particulares, con independencia de que puedan investigarse también otros delitos.
Además, recomienda asegurar estrategias de investigación integral de los casos de desaparición, de forma que se evite la fragmentación de las investigaciones, se realice un análisis de contexto, se identifiquen los patrones, y se generen y se dé seguimiento a todas las hipótesis y líneas posibles de investigación, incluyendo el involucramiento de actores estatales; investigar las posibles cadenas de mando, autores mediatos y otras formas de autoría y participación, incluidas todas las contenidas en el artículo 6 de la Convención.
Investigar efectivamente los casos de desaparición forzada independientemente de su duración y dotar de personal idóneo y recursos materiales suficientes a la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada y a las fiscalías especializadas locales para su correcto funcionamiento, en particular personal específicamente capacitado en la materia, regularmente evaluado con una orientación a los resultados, que cuente con una perspectiva estratégica a nivel nacional y trasnacional sobre este fenómeno delictivo, que nutra las tareas de búsqueda y que trabaje de manera coordinada con otras agencias relevantes, en particular con la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones de búsqueda locales.
El Comité reitera en su recomendación al Estado parte “reconocer la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones individuales e interestatales en virtud de los artículos 31 y 32 de la Convención con miras a reforzar el régimen de protección contra las desapariciones forzadas previsto en la misma”.
En este sentido, Rainer Huhle uno de los expertos del CED y relator para el informe de México, dijo a Apro que el Comité saluda el anuncio del gobierno entrante de ratificar el artículo 31 de la Convención lo que permitirá a los mexicanos afectados por alguna violación de dicho tratado presentar una comunicación individual al Comité.
Refrenda petición de visita
De igual forma el Comité deplora que su decisión de realizar una visita al Estado parte en virtud del artículo 33, comunicada y reiterada desde el 2013, “sigue estando bajo consideración por el Estado parte”.
“El Comité insta al Estado parte a otorgar su acuerdo a la visita del Comité, cooperar para definir las modalidades de dicha visita y ofrecer las facilidades necesarias de conformidad con el artículo 33, párrafo 4, de la Convención”, llama el CED y espera la respuesta del gobierno de AMLO para llevarla a cabo lo antes posible.
Con respecto a ello Rainer afirmó que “aprecia la actitud abierta del nuevo gobierno para aceptar la visita requerida en varias oportunidades por el Comité y buscará un acuerdo sobre las condiciones y fechas tan pronto posible”.
Por otra parte, el CED “nota con preocupación el bajo nivel de implementación de la Ley General contra Desaparición Forzada, por la falta de aprobación de su reglamento y de un ente coordinador para la elaboración de un plan de implementación, notando el incumplimiento de los plazos y fechas estipuladas en la misma Ley General y los obstáculos que surgen de la distribución de competencias del sistema federal para su cabal implementación”.
Con respecto a ello el CED recomienda “elaborar y adoptar a la mayor brevedad, un plan claro, completo, verificable y con un cronograma definido de implementación de la Ley General, que incluya todos los aspectos a los que obliga la Ley General a nivel federal, estatal y municipal, que contenga plazos e indicadores objetivos de cumplimiento, así como un plan de monitoreo y evaluación que incluya a las víctimas de desaparición y a sus familiares, publicando periódicamente informes sobre los avances en la implementación y funcionamiento del marco institucional creado por la Ley General y que cuente con el personal idóneo y los recursos materiales necesarios para su ejecución”.