COATZACOALCOS, Veracruz, 31 de agosto (Sayda Chiñas Córdova, corresponsal de POR ESTO!).- Al menos 10 familias de personas que murieron en el ataque al bar “El Caballo Blanco”, presentarán una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), por la omisión de todas las autoridades para garantizarles seguridad, justicia y atención integral.
Los familiares de las víctimas del ataque terrorista cometido, exigen que se detenga a los agresores y se les juzgue, pero ya no quieren seguir manifestándose porque tienen miedo de ser objeto de la persecución de los grupos delictivos.
En pláticas previas a la conferencia de prensa, refirieron que muchos de ellos van a asumir la patria potestad de los huérfanos y tienen miedo de que los ataques se puedan extender a ellos, dejando más solos a los menores.
“No estamos hablando de simples delincuentes o rateritos de colonia, no, son personas que pueden saber dónde vivimos y quiénes somos, por eso ya no queremos dar la cara, tenemos miedo de que nos vayan a matar y entonces quienes se van a hacer cargo de los niños”.
Alan Domínguez Muñoz, defensor independiente de los derechos humanos, señaló que las familias no tuvieron apoyo de la Comisión de Atención Estatal a Victimas (CEAV) y no hay seguimiento a la situación psicosocial de los familiares.
Por parte del Estado y el municipio, tampoco se tomaron acciones para ayudarlos y pagar parte de los servicios funerarios, pero eso no representa ninguna reparación, solo un avance de ella.
Lo más preocupante es que la Fiscalía de Justicia del Estado no ha planteado las medidas cautelares necesarias de acuerdo a cada circunstancia de las familias y no tienen vigilancia en sus hogares, lo cual los pone en una situación vulnerable.
Además hasta el momento, ni la fiscalía estatal ni federal se han reunido con ellos para garantizarles que avanzan las investigaciones, solo saben de las líneas que se siguen por las notas de los medios de comunicación.
Además de poner la queja, pedían una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador Cuitláhuac Jiménez y los fiscales para que se les garantice que se haga justicia en este caso.
En el caso del Ayuntamiento, la queja girará en torno de la difusión de imágenes dentro del bar por parte del personal de Protección Civil y la omisión de esta misma dependencia para exigirle a los dueños del bar de una salida de emergencia, con la cual se hubieran salvado varias vidas.