Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy Ramos, presentó una de las propuestas más relevantes del nuevo paquete legislativo en materia de seguridad: la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión.
La iniciativa, publicada tras la reforma al artículo 73 de la Constitución, permitirá al Congreso de la Unión legislar de manera uniforme en todo el país sobre este delito. El objetivo es unificar criterios penales y procesales, así como facilitar la persecución del delito sin necesidad de que las víctimas denuncien.
Se investigará sin denuncia y se castigará con hasta 15 años de prisión
Godoy explicó que, con esta nueva ley, todas las entidades federativas deberán aplicar un tipo penal único para la extorsión. Las autoridades estarán facultadas para iniciar investigaciones de oficio, lo que elimina la barrera de la denuncia ciudadana, especialmente en casos donde las víctimas temen represalias.
Las penas propuestas van de 6 a 15 años de prisión, pero podrían agravarse en casos como:
- Cobro de piso
- Si la víctima es menor de edad, persona migrante o funcionario público
- Cuando el delito se comete desde un centro penitenciario
Combatir extorsión desde cárceles: uno de los principales enfoques
Uno de los ejes estratégicos de la reforma es enfrentar la extorsión que se genera desde las prisiones. La propuesta contempla medidas específicas para actuar en centros penitenciarios y detener estas redes de operación.
Asimismo, se propone integrar esta conducta delictiva al catálogo de delitos contemplados en la Ley de Extinción de Dominio, con lo que el Estado podrá confiscar bienes vinculados a estas actividades.
Reforma integral del marco legal
La propuesta también implica reformas a diversas leyes federales:
- Código Penal Federal
- Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
- Código Nacional de Procedimientos Penales
- Ley Nacional de Extinción de Dominio
Estas reformas buscan cerrar vacíos legales y armonizar el sistema jurídico penal, fortaleciendo la acción coordinada entre fiscalías, policías y gobiernos estatales.
089, herramienta clave en la estrategia nacional
Finalmente, la consejera recordó que el número 089 de denuncia anónima seguirá siendo una herramienta clave en esta estrategia nacional, la cual ya ha dado resultados en diversos estados y que ahora busca fortalecerse con un marco legal robusto y uniforme.
Con esta iniciativa, el Gobierno federal da un paso importante hacia la erradicación de uno de los delitos más comunes y temidos en México, que ha dañado por años tanto a pequeñas empresas como a ciudadanos comunes.
IO