El gobierno federal confirmó que continúa vigente la solicitud de extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario acusado de lavado de dinero, defraudación fiscal y presunta participación en una red de desvíos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el caso fue revisado recientemente en el gabinete de seguridad y que la información proporcionada apunta a que Álvarez Puga permanece detenido mientras avanza el trámite internacional.
Sheinbaum explicó que la actualización del expediente deberá abordarse con la actual encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, quien asumió la conducción tras la salida de Alejandro Gertz Manero.
“Nos interesa que no haya impunidad. Le pediremos que indague y, cuando quede nombrado el fiscal o la fiscal, que también continúe con la investigación”, afirmó.
Sheinbaum pide investigar el caso de Raúl Beyruti, “El Rey del Outsourcing”
Durante su conferencia matutina, la mandataria también fue cuestionada sobre el empresario Raúl Manuel Beyruti Sánchez, fundador de GINgroup y señalado como “El Rey del Outsourcing”.
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El empresario enfrenta acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada, y pese a tener una orden de aprehensión, habría realizado movimientos corporativos hace apenas dos años.
Sheinbaum indicó que el nuevo equipo en la FGR deberá revisar de fondo este y otros expedientes pendientes relacionados con delitos financieros.
Reiteró que la política del gobierno será de cero impunidad, tanto para grupos delictivos como para responsables de delitos de cuello blanco. “Es fundamental que se termine con el flagelo de las factureras y que quienes continúen con esas prácticas reciban sanciones”, afirmó.
Gobierno busca avances en investigaciones por delitos fiscales y financieros
La presidenta enfatizó que espera un avance sustancial en estos casos una vez que se formalice la designación del próximo titular de la FGR.
Destacó que los procesos contra Álvarez Puga y Beyruti son prioritarios para garantizar justicia y reforzar las investigaciones contra redes de corrupción fiscal que han operado durante años.
El gobierno federal sostiene que desmantelar los esquemas de factureras, outsourcing ilegal y lavado de dinero es clave para fortalecer la recaudación, combatir la impunidad y cerrar los espacios donde operan estructuras que afectan las finanzas públicas.
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