Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el director de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous Loaeza, presentó un informe detallado sobre el avance del ambicioso proyecto de trenes de pasajeros impulsado por el Gobierno de México.
La iniciativa busca rescatar y expandir la red ferroviaria del país como parte de una estrategia de movilidad y desarrollo nacional.
Lajous destacó que, tras la reciente reforma a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, se creó la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado, la cual tendrá funciones clave en la planeación, construcción y regulación del nuevo sistema ferroviario nacional.
Esta agencia también colaborará con estados y municipios en proyectos de transporte público urbano.
Actualmente, ya están en construcción los tramos AIFA–Pachuca y Ciudad de México–Querétaro, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional.
En paralelo, se encuentran en proceso de licitación dos tramos estratégicos: Querétaro–Irapuato (dividido en secciones de 30 y 70 km) y Saltillo–Nuevo Laredo, con una extensión de 234 km. Las obras comenzarán en agosto de 2025.
Asimismo, se publicará la licitación para la compra de 15 trenes eléctricos que recorrerán el tramo México–Pachuca, donde se espera una demanda de hasta 100 mil pasajeros diarios.
Estos trenes alcanzarán velocidades de hasta 130 km/h y ofrecerán servicios de alta frecuencia durante las horas pico.
La infraestructura ferroviaria contempla estaciones en zonas urbanas, paraderos en localidades pequeñas, y trayectos que combinarán servicios interurbanos y regionales.
El trazo de las vías, en su mayoría independiente de la red de carga, permitirá velocidades de hasta 360 km/h en algunos trayectos.
Con este megaproyecto, el gobierno federal busca conectar regiones clave como el Bajío, el norte industrial del país y las principales ciudades del altiplano.
La presidenta Sheinbaum enfatizó que se trata de recuperar la capacidad del Estado para desarrollar infraestructura pública estratégica y garantizar el derecho a una movilidad eficiente, segura y sustentable.
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