El nombre de José Eduardo Márquez Nava se ha colocado en el centro de la polémica luego de ser presentado por la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, como médico legista durante una conferencia de prensa, en la cual avaló que la maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz murió a causa de un infarto.
Sin embargo, no cuenta con especialidad registrada como legista, según consta en el portal de cédulas profesionales de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Sin formación forense, pero encargado de la necropsia
De acuerdo con la información oficial, Márquez Nava únicamente está titulado como médico cirujano y laboratorista químico, con cédulas obtenidas en 2012 y 2018.
No figura en registros como médico forense ni cuenta con estudios especializados en medicina legal.
Aun así, fue él quien —según sus propias declaraciones— practicó la necropsia del cuerpo de Irma Hernández y concluyó que la causa de muerte fue un infarto provocado por el estrés de haber sido violentada.
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El caso Irma Hernández: secuestro, video y hallazgo del cuerpo
El 18 de julio, Irma Hernández fue privada de su libertad por un grupo armado. Ese mismo día, apareció en un video en redes sociales, visiblemente vulnerable, emitiendo un mensaje que se presume fue dictado bajo coacción.
En el mensaje advertía sobre el pago de “cuotas” por parte de taxistas.
Seis días después, el cuerpo de la maestra fue localizado en una construcción en una zona de difícil acceso. La gobernadora afirmó que la mujer fue violentada y que el infarto fue una consecuencia de esa agresión.
Controversia por el informe oficial
La situación ha generado críticas, ya que el gobierno estatal usó un argumento médico sin sustento legal o académico, y basado en un peritaje realizado por alguien sin especialidad forense registrada.
Organizaciones sociales y familiares de la víctima han cuestionado tanto la versión oficial como el proceso de identificación de la causa de muerte.
Mientras tanto, Rocío Nahle defendió la postura oficial, asegurando que “les guste o no, tengo que informar”, sin hacer referencia al posible conflicto de legalidad sobre quién firmó y elaboró el peritaje médico del caso.
IO
