La discusión climática subió de tono luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó ante la Asamblea General de la ONU el cambio climático como un “con job” o “estafa”.
El mensaje ocurrió el 23 de septiembre de 2025 y reavivó críticas de líderes y especialistas que defendieron el consenso científico sobre el calentamiento global.
Medios internacionales consignaron que Trump cuestionó las políticas de transición energética y volvió a confrontar el Acuerdo de París.
En su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue consultada por esas declaraciones y sostuvo que sí existe evidencia científica del aumento de la temperatura del planeta.
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Agregando que está asociada a emisiones de dióxido de carbono, metano y óxidos de nitrógeno —gases de efecto invernadero—.
Asimismo, recordó que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) se creó precisamente para evaluar con rigor los estudios sobre el fenómeno.
La mandataria subrayó que la única forma de atenuar el calentamiento es disminuir la quema de combustibles.
Sheinbaum explicó, además, que los registros paleoclimáticos —como burbujas de aire atrapadas en hielos polares— permiten comparar concentraciones de gases en distintas épocas y vincularlas con la temperatura promedio global, lo que se traduce en alteraciones de los patrones océano-atmósfera y mayor intensidad de ciclones y huracanes.
Su postura coincide con la literatura científica internacional y con advertencias recientes sobre el calentamiento acelerado en México.
Más allá del choque retórico, el debate tiene implicaciones prácticas: los compromisos climáticos marcan el rumbo de inversión pública y privada, desde electricidad y transporte hasta manufactura y vivienda.
Para México, sostener metas de mitigación y adaptación también es un tema económico y de seguridad: infraestructura más resiliente, menor exposición a olas de calor y continuidad de negocios.
IO
