En el marco de la 80 Asamblea General de la ONU, el canciller Juan Ramón de la Fuente depositó el instrumento de ratificación del Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), conocido como “Tratado de Alta Mar”.
La entrega se realizó ante Elinor Hammarskjöld, secretaria general adjunta de Asuntos Jurídicos y asesora jurídica de Naciones Unidas.
La SRE subrayó que el tratado “fortalece el régimen jurídico del Derecho del Mar” y constituye un avance clave para la protección y gobernanza global de los océanos. Con esta acción, México formaliza su adhesión al acuerdo, que entrará en vigor en enero de 2026.
¿Qué es el BBNJ?
El BBNJ es un instrumento jurídicamente vinculante bajo la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar. Sus metas centrales son:
- Conservar y recuperar la biodiversidad marina en alta mar.
- Crear áreas marinas protegidas que cubran al menos el 30% del océano para 2030.
- Establecer un mecanismo de reparto justo y equitativo de los recursos genéticos marinos y sus beneficios entre todos los países.
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La ruta legal en México
El acuerdo fue ratificado por el Senado el 25 de junio de 2025 y publicado como decreto en el DOF el 22 de julio.
La cancillería remarcó que la ratificación confirma la vocación multilateral de México y el derecho internacional como vía para enfrentar desafíos globales.
¿Por qué importa para México?
- Protección de ecosistemas clave más allá de las Zonas Económicas Exclusivas.
- Seguridad alimentaria y pesquerías más resilientes a largo plazo.
- Acceso regulado y reparto de beneficios por recursos genéticos marinos (innovación farmacéutica, biotecnología).
- Mayor cooperación científica y transferencia de capacidades para monitoreo y vigilancia en alta mar.
¿Qué sigue?
Con la entrada en vigor en enero de 2026, México deberá:
- Participar en el diseño de áreas marinas protegidas y en evaluaciones de impacto ambiental en alta mar.
- Impulsar mecanismos de cumplimiento y seguimiento científico.
- Coordinarse con regiones y organismos para financiar y operativizar las medidas de conservación y reparto de beneficios.
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