México

En 2026 los bancos ya no podrán deducir impuestos por aportaciones al Fobaproa; Hacienda prevé recuperar 10 mil millones de pesos

La Presidenta de México anunció que, a partir de 2026, los bancos ya no podrán deducir de impuestos sus aportaciones al Fobaproa. La medida, incluida en la Ley de Ingresos, permitirá recuperar cerca de 10 mil millones de pesos.
La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la medida fue comentada previamente con algunos propietarios de bancos
La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la medida fue comentada previamente con algunos propietarios de bancos / Archivo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que dentro del próximo paquete económico se incluirá una medida que pondrá fin a la deducción de impuestos de los bancos por sus aportaciones al Fobaproa.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum recordó que este mecanismo, creado en los años noventa para rescatar al sistema bancario, convirtió una deuda privada en deuda pública que siguen pagando los mexicanos.

Aunque las instituciones financieras aportan una parte al pago de esa deuda, explicó que dicha contribución era deducible de impuestos, lo cual calificó como una práctica injusta.

Recuperación de 10 mil millones de pesos

La mandataria aseguró que con esta modificación el gobierno recuperará alrededor de 10 mil millones de pesos anuales, recursos que Hacienda detallará el próximo martes en conferencia de prensa.

“¿Cómo va a ser que una aportación al Fobaproa se deduzca de impuestos? Eso ya no ocurrirá a partir del próximo año”, afirmó Sheinbaum, quien agregó que la propuesta está contemplada en la Ley de Ingresos que se entregará junto al paquete económico.

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Aprobación de los bancos

Sheinbaum reveló que la medida fue comentada previamente con algunos propietarios de bancos, quienes —aseguró— entendieron la decisión. “Creo que es justo que no haya esta deducción. Van a cooperar todos los bancos”, señaló.

Contexto histórico del rescate bancario

El Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) fue creado en 1990 para enfrentar crisis financieras. Tras la crisis de 1994, se convirtió en una deuda pública que el Estado asumió para evitar el colapso bancario, lo que generó críticas que persisten hasta hoy.

Con esta medida, el gobierno busca reducir privilegios fiscales y aumentar la recaudación sin crear nuevos impuestos, en línea con su discurso de justicia tributaria.

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