La industria turística es la columna vertebral de Quintana Roo, pero también su talón de Aquiles. La gobernadora Mara Lezama Espinosa ha presumido cifras récord en llegadas de turistas y vuelos internacionales; sin embargo, prestadores de servicios y hoteleros reportan datos diferentes, con una contracción de hasta 15% en la afluencia de visitantes.
En los últimos tres años la tendencia ha sido negativa, incluso en las denominadas temporadas “altas”. En los primeros siete meses de 2025, la llegada de turistas al Caribe Mexicano cayó en 702 mil 705 visitan tes, una disminución del 3.7% respecto al mismo periodo de 2024. La Secretaría de Finan zas y Planeación había advertido en febrero sobre una desaceleración, con un fuerte impacto en el Producto Inter no Bruto (PIB) estatal.
El PIB total de Quintana Roo cerró 2023 en 406 mil 186 millones de pesos, pero en 2024 cayó 5.1%. Tras la conclusión de obras como el Tren Maya, la industria de la construcción también se contrajo.
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En paralelo, la temporada baja se adelantó en verano, lo que llevó a la implementación de los llamados “días solidarios” que afectaron a alrededor de 200 mil trabajadores, una tercera parte de los 763 mil empleados de la industria turística y de servicios. Estos trabajadores forman parte del sector terciario, que incluye comercio, turismo y servicios, y que concentra al 78.2% de la población ocupada.
La dependencia del turismo, que concentra más del 80% de la economía estatal, expone al estado a un punto crítico. La ocupación hotelera promedio pasó de 76.1% en 2023 a 74.1% en 2025, con caídas aún más marcadas en Cancún, donde descendió de 81.6% a 74.1%, marcando una tendencia a la baja en los destinos de la entidad.
Mientras Quintana Roo lidera los ingresos turísticos nacionales, casi el 27% de su población vive en pobreza y el 35.7% en rezago social. Todo esto, pese a que la derrama económica turística creció de 19 mil millones de dólares en 2022 a 20 mil millones en 2024 y en lo que va de 2025 marca una baja de al menos 3.7%.
El “nuevo pacto turístico” impulsado por Lezama no ha mostrado resultados concretos en términos de equidad. La crisis ocupacional golpeó de inmediato a la clase trabajadora, obligada a aceptar descansos forzosos sin pago, siendo la situación más crítica en la Riviera Maya.
En tanto, mientras llegan inversiones multimillonarias al estado, colonias enteras de Playa del Carmen, Cancún y Chetumal viven en marginación, y el resto de los municipios carecen de servicios básicos como agua potable, drenaje o recolección de basura. A ello se suma el reto ambiental: la llegada masiva de sargazo, la presión inmobiliaria sobre áreas naturales y la ausencia de un plan real de sustentabilidad amenazan el futuro del destino.
Es un momento decisivo, un punto de inflexión en la historia de Quintana Roo, pues su “muy pujante” actividad económica, basada en el turismo, está hoy en un punto crítico. Además de inversión y servicios privados, se requieren servicios públicos, seguridad e infraestructura urbana de calidad. El sector turístico vive una de sus peores crisis y pone en riesgo el sustento de miles de familias que dependen de esta actividad en el Caribe Mexica no, un tesoro en crisis.
Quintana Roo figura entre los estados con mayor plazo de vencimiento de deuda pública: mantiene un crédito vigente hasta enero de 2054, sólo superado por Nuevo León (2063), mientras que Baja California ocupa el tercer lugar, con compromisos hasta 2053.
La media de vencimiento de la deuda de Quintana Roo es de 24.8 años, la más extensa del país. Esta extensión se consolidó con el refinancia miento de cinco mil millones de pesos realizado el 16 de enero de 2024 con Banobras.
En términos absolutos, el estado no está entre los más endeudados, pero sí ocupa el segundo lugar en déficit per cápita, con 13 mil 523 pesos por habitante, y su proporción deuda-ingresos alcanza 4.4%, más del doble del pro medio nacional.
Es por ello que, a pesar de que Quintana Roo es el esta do líder en ingresos turísticos al aportar casi 50% del total nacional, de su población de 2.04 millones de habitantes, 516 mil 935 (27.0%) están en situación de pobreza y 683 mil 887 (35.7%) presentan vulnerabilidad por rezago social.
En tanto, la gobernadora Mara Lezama asegura que su administración redujo la deuda estatal de 26 mil 809 millones a 20 mil 925 millones de pesos en menos de tres años, gracias a políticas de austeridad, disciplina financiera y combate a la corrupción; además, presume que el estado obtuvo la mejor calificación crediticia de su historia. No obstante, se trata de un problema heredado de casi dos décadas de endeudamiento. El refinanciamiento de 2024, si bien alivió el flujo presupuestario a corto plazo, también amarró al estado a un modelo financiero que compromete varias administraciones futuras.
La deficiencia en servicios estatales de salud
El Gobierno de Quintana Roo destinó en 2025 cerca de 12 mil millones de pesos a la Secretaría de Salud estatal, más del 50% para infraestructura hospitalaria y equipamiento médico en municipios como Cancún, Playa del Carmen y Chetumal. También se contempló la contratación de personal y la adquisición de medicamentos esenciales. Sin embargo, los problemas estructurales persisten. Este año la población ha enfrenta do desatenciones constantes: maltrato, falta de médicos y carencia de medicamentos.
A eso se suma la insuficiencia de infraestructura hospitalaria en las comunidades rurales. Además, muchas clínicas carecen de equipos médicos avanzados, lo que obliga a los pacientes a trasladarse a otras ciudades, encareciendo y retrasando la atención.
Mientras tanto, los programas de prevención de enfermedades tampoco logran cobertura efectiva, sobre todo en comunidades rurales. Es por ello que las mismas autoridades reconocen que el pre supuesto no es suficiente en un estado con alto crecimiento poblacional y presión adicional por la demanda turística.
A pesar de las inversiones, el sistema de salud pública en Quintana Roo enfrenta di versos desafíos que han sido reportados por trabajadores del sector y por la ciudadanía.
Otro de los problemas des tacados es la falta de personal especializado en áreas como oncología, cardiología y cirugía. Esto ha generado largas esperas para diagnósticos y tratamientos, con pacientes que deben trasladarse a otros estados para recibir atención adecuada, lo que aumenta los costos y el tiempo.
Un punto crítico es la deficiencia en programas de prevención de enfermedades, ya que, aunque el presupuesto de 2025 contempla algunos fondos para campañas, éstas no alcanzan a todos los sectores, especialmente en comunidades rurales donde la educación en salud es limitada. Entre marzo y junio, el Gobierno estatal desplegó cara vanas médicas “Salud para Todos” en municipios rurales, ofreciendo consultas, laboratorios, psicología, imagenología básica y farmacia móvil.
Aunque estas brigadas acercaron servicios a localidades como Dziuché, El Tintal o Nuevo Jerusalén, su carácter intermitente no sustituye un sistema de abasto permanente ni la cobertura de personal en clínicas fijas, lo que hace parecer que tales acciones sólo sirvieron de paliativo.
El sistema de salud estatal también enfrenta carencias en atención primaria. La falta de programas eficientes de atención a la salud mental y el creciente número de casos de enfermedades como diabetes e hipertensión han revelado que las políticas preventivas son insuficientes.
El rezago es más agudo en municipios rurales como Lázaro Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto y Othón P. Blanco, don de la falta de médicos, el desabasto y las barreras de trans porte empujan a las familias a gastos elevados.
En Kantunilkín, los pacientes reciben recetas sin medicinas, el quirófano permanece inoperante y hay filas desde la madrugada por las pocas fichas disponibles.
Esta situación muestra la insuficiente cobertura de personal médico y de enfermería en turnos completos, lo que provoca gastos mayores para la población que se ve obligada a realizar viajes de hasta una hora o más a otras comunidades o cabeceras municipales para recibir atención.
A medida que la población de Quintana Roo sigue creciendo, el reto para el Gobierno estatal será equilibrar la expansión del sector turístico con la mejora del sistema de salud, buscando garantizar que todos los ciudadanos, locales y visitantes, reciban la atención que merecen sin distinción.
El futuro de la salud pública en Quintana Roo depende no sólo de un aumento en la asignación presupuestaria, sino de una mayor eficiencia en la gestión, una distribución más equitativa de los recursos y una política inclusiva que considere las necesidades de todos los sectores de la sociedad.
El reto para el Gobierno es equilibrar la expansión turística con un sistema de salud sólido y eficiente que garantice atención digna tanto a ciudadanos como a visitantes.
Rezago educativo y falta de infraestructura
El Presupuesto de Egresos 2025 de Quintana Roo destinó 12 mil 600 millones 460 mil 277 pesos al sector educativo, cifra que consolida, en el papel, a este rubro como uno de los de mayor prioridad en la administración estatal.
Con esta asignación, el Gobierno buscaba fortalecer programas académicos, garantizar infraestructura escolar y ampliar la cobertura en los distintos niveles educativos, en beneficio de miles de estudian tes quintanarroenses.
Sin embargo, el estado mantiene una brecha significativa en materia educativa. De acuerdo con cifras oficiales, alrededor del 20% de la población mayor de 15 años no ha concluido la educación básica, lo que equivale a más de 318 mil personas.
El analfabetismo alcanza al 2.7% de la población adulta, es decir, 42 mil 674 personas que no saben leer ni escribir; además, se contabilizan 91 mil 659 quintanarroenses que no terminaron la primaria y 184 mil 605 que tienen inconclusa la secundaria.
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El desempeño académico también presenta retos. El 70% de los estudiantes de nivel básico muestra rezagos en matemáticas, con un atraso promedio de dos meses; aunque menor al promedio nacional, que se estima en un año y siete meses.
El Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo) anunció la construcción de seis nuevas escuelas en los municipios de Benito Juárez y Playa del Carmen, así como la habilitación de 137 espacios educativos adicionales, que incluyen 43 aulas nuevas y 83 anexos entre sanitarios, oficinas, talleres y laboratorios.
Con ello, la autoridad educativa busca atender el creciente número de estudiantes que egresan de secundaria; sin embargo, las cifras muestran que la oferta todavía es insuficiente.
La presión sobre el sistema educativo es evidente en el nivel bachillerato; cada año, más de 29 mil jóvenes de la entidad concluyen la secundaria, mientras que los subsistemas de educación media superior apenas ofertan 27 mil espacios, lo que deja fuera a miles de estudiantes.
La realidad es abrumadora en Benito Juárez, debido a que aproximadamente 12 mil alumnos egresaron de secundaria, pero sólo se ofertaron 7 mil 193 espacios en modalidad escolarizada y 2 mil 330 en semiescolarizada, quedando más de 4 mil 400 jóvenes sin cupo inicial para el ciclo 2025-2026.
La demanda creciente en educación media superior refleja el desafío que enfrenta el estado: ampliar la infraestructura escolar al ritmo del crecimiento poblacional para garantizar que ningún joven quede sin acceso al bachillerato. En 2025, el estado tiene serios retos en materia de rezago y deserción escolar, aunque se han impulsado programas de becas y apoyo que buscan mitigar los efectos.
Paros magisteriales
Otro factor que afectó al sistema educativo en 2025 fueron los paros magisteriales realiza dos en distintos municipios del estado, los cuales interrumpieron clases y frenaron el avance académico de los alumnos.
Ante esta situación, padres de familia exigieron sanciones a los docentes participantes, al señalar que los paros dañaron directamente la formación escolar de sus hijos, además de criticar la tibieza de las autoridades educativas del estado con los maestros.
En el ámbito de la educación indígena, se ha planteado la necesidad de que la educación bilingüe sea obligatoria en todo el estado. La Secretaría de Educación de Quintana Roo trabaja actual mente en una iniciativa de ley que busca garantizar la enseñanza tanto en español como en lengua materna para las comunidades originarias.
Esto ocurre especialmente luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenara al estado resarcir el daño a un grupo de alumnos que se vieron afectados al no recibir educación en lengua maya, lo que generó un grave rezago en su aprendizaje.
Demandas y retos para los próximos dos años
Desde el inicio de la gestión de Mara Lezama, la ciudadanía ha mantenido reclamos persistentes: desabasto de agua, deficiencias en el sistema de salud, insuficiente infraestructura educativa, inseguridad e impunidad frente a la violencia de género e intrafamiliar. A esto se suman hospitales sin médicos ni medicamentos, así como una estrategia débil frente a la violencia hacia las mujeres, donde los feminicidios y las denuncias de acoso continúan sin seguimiento judicial. La incongruencia entre los discursos oficiales y la realidad ha generado desconfianza en amplios sectores sociales.
De cara a los próximos dos años, la ciudadanía es firme y contundente en su opinión: no espera discursos, sino resultados concretos. Exigen agua potable de calidad, hospitales con personal y medicinas, seguridad y un freno efectivo a la corrupción.
Sombra de corrupción
En lo que va de la actual administración de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, la polémica por actos de corrupción entre funcionarios estatales ha sido un cáncer que acrecienta la indignación de la ciudadanía en los 11 municipios. Periodísticamente se ha documentado una red inmobiliaria que opera en la entidad y que despoja a empresas y particulares de sus bienes a través de una presunta maquinaria institucional que supuestamente involucra a funcionarios públicos de la administración.
El mismo gobierno estatal ha emitido exhortos para no confiar en compañías asentadas en Quintana Roo y que estafan a los ciudadanos. Sumado a esto, cifras oficiales revelan que, por cada 100 mil habitantes, al menos 16 mil 954 han sido víctimas de corrupción a manos de servidores públicos al momento de realizar trámites en las dependencias.
Los censos ciudadanos refuerzan esta percepción: según datos de la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública del Inegi, el 81.6% de la población de 18 años y más considera corrupta a la Policía de Tránsito, lo que desalienta a denunciar delitos de esas índole.
Lo cierto es que, mientras se presumen arduos trabajos contra la corrupción, ésta persiste con fuerza al igual que las estadísticas de impunidad y desconfianza social.
En la Secretaría de Seguridad Pública, principalmente, sus integrantes han sido señalados de acosar a ciudadanos, e incluso acusados de trabajar para criminales y colaborar en delitos contra la población
